Un grupo de destacadas organizaciones proinmigrantes presentó este 1 de abril de 2025 una demanda federal contra el gobierno del presidente Donald Trump por una nueva norma que obliga a los inmigrantes indocumentados a registrarse y portar prueba de inscripción en todo momento.
La querella fue interpuesta en un tribunal del Distrito de Columbia por entidades como CHIRLA, ACLU, UFW, CASA y Make the Road New York, alegando que la política impulsada por el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) es inconstitucional, discriminatoria y diseñada para forzar la autodeportación.
¿En qué consiste la medida?
La nueva normativa exige que millones de inmigrantes sin estatus legal se registren formalmente ante el gobierno federal y proporcionen huellas dactilares y otros datos biométricos.
Además, deberán portar consigo una constancia de registro.
Quienes no cumplan podrían enfrentar multas o incluso penas de cárcel, lo que convierte un asunto civil en un posible delito penal.
Según declaraciones de la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, el objetivo es “crear presión para que quienes están ilegalmente en el país decidan marcharse por su cuenta”.
Advertencia de activistas
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Las organizaciones demandantes aseguran que la norma no solo es opaca y confusa, sino que también viola el debido proceso, al no haber sido sometida a consulta pública ni revisión reglamentaria.
Además, critican que no define con claridad qué grupos de inmigrantes están obligados a registrarse, dejando en incertidumbre a quienes poseen protecciones como DACA o TPS.
“Esta regla es una amenaza a nuestras libertades civiles. Pretende etiquetar a millones de personas como criminales por su estatus migratorio”, expresó Michelle Lapointe, directora legal del American Immigration Council.
Por su parte, Angélica Salas, directora de CHIRLA, calificó la medida como “una redada masiva disfrazada de burocracia”.
Fundamento legal
La política se basa en una ley poco utilizada, creada durante la Segunda Guerra Mundial.
La querella fue interpuesta en un tribunal del Distrito de Columbia
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Exigía el registro de inmigrantes como parte de medidas de seguridad nacional.
Sin embargo, abogados aseguran que su aplicación actual carece de justificación legal en el contexto moderno.
El gobierno del presidente Donald Trump sufre duro revés.
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