En marzo de 2025, la administración del presidente Donald Trump deportó a 238 ciudadanos venezolanos a El Salvador, donde fueron encarcelados en el Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT), una prisión de máxima seguridad conocida por sus condiciones extremas.
La medida se basó en la Ley de Enemigos Extranjeros de 1798, una legislación de tiempos de guerra raramente utilizada en la historia moderna de Estados Unidos.
Detalles de las deportaciones
Los 238 venezolanos enviados a El Salvador fueron acusados por la administración Trump de pertenecer al Tren de Aragua, una organización criminal transnacional.
Sin embargo, investigaciones de medios como CBS News y ProPublica revelaron que aproximadamente el 75% de los deportados no tenían antecedentes penales en Estados Unidos.
Además, al menos 50 de ellos habían ingresado legalmente al país.
La deportación se llevó a cabo a pesar de una orden judicial que prohibía dichos traslados.
El juez federal James E. Boasberg había ordenado detener los vuelos y regresar a los migrantes.
Sin embargo, la Casa Blanca ignoró la instrucción, lo que ha generado una batalla legal en curso.
Condiciones en el CECOT
Al llegar a El Salvador, los venezolanos deportados fueron trasladados al CECOT, una prisión de máxima seguridad donde han sido mantenidos incomunicados, sin acceso a abogados ni familiares.
La medida se basó en la Ley de Enemigos Extranjeros de 1798
Organizaciones como Human Rights Watch han denunciado que estas acciones constituyen desapariciones forzadas y violaciones graves a los derechos humanos.
El gobierno de El Salvador, liderado por Nayib Bukele, acordó con Estados Unidos recibir a los deportados a cambio de una compensación económica de aproximadamente $6 millones.
Repercusiones legales y sociales
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La deportación de estos venezolanos a El Salvador ha generado críticas tanto a nivel nacional como internacional.
Organizaciones de derechos civiles han presentado demandas alegando que se violaron los derechos constitucionales de los deportados al negarles el debido proceso.
Además, familiares de los afectados han reportado no tener información sobre el paradero de sus seres queridos desde su deportación.
La Corte Suprema de EE.UU. ha intervenido en el caso, prohibiendo temporalmente nuevas deportaciones bajo la Ley de Enemigos Extranjeros mientras se resuelven las demandas en tribunales inferiores.
Este caso destaca la importancia de que los inmigrantes hispanos en Estados Unidos estén informados sobre sus derechos legales y busquen asesoría jurídica en caso de enfrentar procesos migratorios.
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