En plena crisis judicial por la acumulación récord de casos migratorios, el Gobierno de EE.UU. despidió recientemente a 17 jueces de inmigración, una medida que ha generado alarma entre sindicatos, defensores de migrantes y abogados de derechos humanos. Según confirmaron medios como NPR y la agencia AP, los despidos se ejecutaron sin explicar motivos concretos, pese a que el Congreso aprobó recursos específicos para contratar más personal judicial.
El Departamento de Justicia (DOJ), encargado de supervisar los tribunales migratorios, notificó el pasado viernes a quince jueces mediante correo electrónico que dejarían sus cargos a partir del 22 de julio. Otros dos jueces —uno en Chicago y otro en Houston— también fueron notificados días después. Las bajas afectan a tribunales en California, Nueva York, Texas, Massachusetts, Ohio e Illinois. Los jueces despedidos fueron contratados durante la administración de Joe Biden como parte de una estrategia para enfrentar el creciente atasco de casos judiciales, que según el último reporte del centro TRAC (Universidad de Syracuse), ha llegado a 3,462,367 expedientes activos, el número más alto desde que se lleva registro.
Congreso aprueba presupuesto
En marzo de 2025, el Congreso de EE.UU. aprobó una asignación presupuestaria histórica de más de 3 000 millones de dólares para el DOJ.
Con al menos 3.3 mil millones dirigidos específicamente al sistema migratorio.
Parte de estos fondos buscaba contratar hasta 800 jueces nuevos, dada la saturación de los casos y las demoras que pueden superar los 1,200 días en promedio para una audiencia.
Pese a ello, el gobierno federal ha despedido o presionado a retirarse a más de 65 jueces desde febrero de este año.
Generando una reducción que, según el sindicato IFPTE (que representa a los jueces), podría tener efectos devastadores en la eficiencia del sistema.
¿Cómo afecta esto a los inmigrantes?
La mayoría de las personas afectadas por los retrasos en las cortes migratorias son latinos.
En especial centroamericanos y mexicanos que enfrentan procesos de asilo, deportación o ajuste migratorio.
Al reducirse el número de jueces disponibles, los procesos se prolongan por años, lo que implica más gastos legales, más incertidumbre familiar y mayor ansiedad psicológica.
Los inmigrantes con casos abiertos pueden quedar atrapados en un limbo legal, sin permisos de trabajo renovados o en riesgo de deportación expedita.
Incluso si tienen argumentos legales válidos para permanecer en el país.
Además, hay temor de que los despidos respondan a un intento de reestructurar ideológicamente las cortes.
Favoreciendo decisiones más alineadas con políticas restrictivas de inmigración.
Reacciones del gremio judicial
La Federación Internacional de Ingenieros Profesionales y Técnicos (IFPTE) ha denunciado públicamente los despidos como un intento del Ejecutivo por “interferir en la independencia judicial”.
Han exigido al Congreso y a las cortes federales que supervisen las decisiones del DOJ y protejan la integridad del sistema.
Los jueces despedidos fueron contratados durante la administración de Joe Biden
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Organizaciones como AILA, CHIRLA y el National Immigration Justice Center han calificado las destituciones como “un retroceso peligroso que pone en juego el acceso a la justicia de millones”.
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