Una coalición de 21 estados, encabezada por California, presentó una demanda federal contra el Departamento de Salud y Servicios Humanos de EE.UU. (HHS) por compartir datos médicos de pacientes con agencias de inmigración como ICE (Servicio de Control de Inmigración y Aduanas).
La acción legal fue presentada ante el Tribunal de Distrito del Norte de California y alega que la transferencia de datos personales de beneficiarios del programa Medicaid al Departamento de Seguridad Nacional (DHS) es una violación directa de la legislación federal de salud pública.
¿Qué protege Medicaid y por qué importa?

Medicaid, creado en 1965, proporciona seguro médico a personas de bajos ingresos.
Incluidos niños, embarazadas, personas mayores, personas con discapacidades y algunas categorías de inmigrantes.
Por ley, la información médica recopilada debe mantenerse confidencial, y solo puede compartirse en circunstancias específicas que favorezcan la salud pública, no la persecución migratoria.
En enero de 2025, más de 78.4 millones de personas estaban inscritas en Medicaid y CHIP (el programa de seguro infantil).
Entre ellos, más de dos millones de inmigrantes en California a través del programa estatal Medi-Cal.
El problema surge de nuevas políticas impulsadas por la administración Trump, que habilitaron al HHS a transferir datos a ICE sin orden judicial, presuntamente para facilitar redadas y deportaciones masivas.
“Una cultura de miedo”

El fiscal general de California, Rob Bonta, afirmó que esta política “trastoca décadas de protección de la privacidad”.
Además, de que genera una “cultura de miedo” entre comunidades inmigrantes, quienes podrían dejar de buscar atención médica por temor a ser identificados y deportados.
La información médica recopilada debe mantenerse confidencial
Según la demanda, estas prácticas disuaden a personas vulnerables de acudir a hospitales, lo que agrava riesgos de salud pública en comunidades con alta densidad migrante.
Los demandantes piden una orden judicial que impida al HHS seguir compartiendo datos y exigen que se prohíba el uso de los datos ya entregados para fines migratorios.
Estados que respaldan la demanda

Además de California, los siguientes estados se han sumado a la acción legal:
Arizona, Colorado, Connecticut, Delaware, Hawái, Illinois, Massachusetts, Maine, Maryland, Michigan y Minnesota.
También, Nevada, Nueva Jersey, Nuevo México, Nueva York, Oregón, Rhode Island, Vermont y Washington.
Cabe recordar que muchos estados, como California, utilizan fondos estatales para ampliar el acceso a Medicaid a inmigrantes sin estatus legal.
Algo que podría verse amenazado si se generaliza el uso de datos médicos con fines migratorios.
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