Las autoridades de Colorado revelaron un caso preocupante que podría representar una violación directa a las leyes estatales y los derechos civiles de inmigrantes en Estados Unidos. Varios agentes del orden —incluyendo oficiales de la Patrulla de Caminos de Colorado— están bajo investigación por compartir, sin autorización judicial, información personal de inmigrantes con agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE).
De acuerdo con el fiscal general de Colorado, Phil Weiser, estos intercambios ilegales se realizaron a través de Signal, una aplicación de mensajería encriptada que ha sido usada por funcionarios del gobierno federal en temas delicados. La investigación se originó tras la detención de Caroline Dias-Goncalves, una estudiante universitaria de origen brasileño, quien fue arrestada por ICE después de volver a su hogar en Colorado. Ella llegó a EE.UU. cuando tenía apenas 7 años.
Violación a leyes estatales
Las pesquisas preliminares dirigidas por el alguacil Todd Rowell, del Condado de Mesa, confirmaron que al menos cinco agentes de su departamento, entre ellos un subalguacil, un sargento, un teniente y un capitán, compartieron datos sensibles sin autorización ni orden judicial.
Estas acciones contravienen leyes estatales vigentes desde hace más de una década.
Que prohíben explícitamente a las autoridades locales colaborar con ICE sin el debido proceso legal.
Las autoridades de Colorado revelaron un caso preocupante
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Se identificó al subalguacil Alexander Zwinck como quien proporcionó detalles sobre la inmigrante brasileña en un grupo de Signal donde también participaban otros agentes federales.
En respuesta, el fiscal Weiser presentó una demanda judicial contra Zwinck.
Informó que también se está investigando a otros policías del mismo grupo de chat.
Incluidos miembros de la Patrulla de Caminos de Colorado, por compartir ilegalmente datos de inmigrantes con ICE.
El caso podría sentar precedentes
El fiscal enfatizó que su oficina “ha recibido pruebas claras de que varias agencias del orden violaron la ley estatal”.
Y que ya se está evaluando si existe un patrón sistemático de violaciones a los derechos civiles por parte de cuerpos policiales locales.
De confirmarse estas irregularidades, podrían imponerse sanciones e incluso acciones federales.
Rowell, por su parte, ofreció disculpas públicas a la familia de Dias-Goncalves.
Reconoció que su oficina «no debió haber participado» en los hechos que llevaron a la detención.
Este caso genera gran preocupación entre defensores de derechos civiles y la comunidad de inmigrantes en Colorado.
Especialmente en un contexto nacional donde las colaboraciones entre policías locales e ICE han sido altamente cuestionadas.
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