El 25 de septiembre cuatro inmigrantes junto con la organización comunitaria CASA presentaron una demanda contra el Gobierno del presidente Donald Trump en el Tribunal del Distrito de Columbia, con el objetivo de detener las redadas migratorias que se han intensificado en la capital de Estados Unidos desde agosto.
La querella judicial sostiene que los arrestos realizados por agentes de inmigración en Washington son “ilegales”, ya que se han llevado a cabo sin orden judicial ni causa probable, violando lo que establece la ley de inmigración estadounidense.
Demanda para detener redadas en Washington
Los demandantes son dos salvadoreños, un hondureño y un venezolano, quienes alegan haber sido detenidos de manera “indiscriminada” durante los operativos.
Esto a pesar de que cada uno tenía procesos migratorios pendientes que demostraban que podían permanecer legalmente en el país mientras resolvían sus casos. Finalmente, todos fueron liberados tras verificarse su situación.
La demanda no solo busca proteger a estas cuatro personas, sino también sentar un precedente legal que impida que los agentes federales realicen detenciones sin el debido proceso en la capital.
El rol de CASA y otras organizaciones
CASA, una de las organizaciones más influyentes en defensa de los inmigrantes en la región, se unió a la demanda argumentando que sus miembros han sido directamente afectados por las redadas.
La organización explicó que ha tenido que desviar recursos de su labor principal de servicio social para atender emergencias, brindar apoyo legal y acompañar a familias que enfrentan detenciones inesperadas.
La abogada Aditi Shah, de la Unión Estadounidense de Libertades Civiles (ACLU) en Washington, señaló:
Esta política y práctica ignoran límites importantes establecidos por el Congreso para los arrestos migratorios y han sembrado el terror entre las comunidades inmigrantes de D.C. Los agentes federales, como el resto de nosotros, deben acatar la ley
Aditi Shah
Además de la ACLU, los demandantes cuentan con el respaldo legal del Centro Amica para los Derechos de los Inmigrantes, el Proyecto Nacional de Inmigración, el Comité de Abogados de Washington para los Derechos Civiles y Asuntos Urbanos y el bufete Covington & Burling LLP, uno de los más prestigiosos del país.
Contexto político: la “emergencia criminal”
Las redadas en Washington aumentaron después de que el presidente Trump declarara en agosto una “emergencia criminal”, medida que permitió el despliegue de agentes federales adicionales en la capital.
Según el Gobierno, el objetivo era combatir la delincuencia y fortalecer el control migratorio.
Sin embargo, para líderes comunitarios y organizaciones de derechos humanos, la medida ha resultado en una campaña de miedo que afecta de manera desproporcionada a las comunidades inmigrantes, incluso a quienes tienen casos pendientes en las cortes de inmigración.
Otros litigios similares en el país
La Casa Blanca no solo enfrenta este proceso en Washington.
En Los Ángeles, un grupo de inmigrantes y organizaciones presentó en junio una demanda similar tras las redadas masivas en esa ciudad.
En ambos casos, se cuestiona la legalidad de los operativos y se pide a los tribunales que pongan freno a las detenciones sin orden judicial.
Estos litigios podrían convertirse en un punto de referencia para el futuro de la política migratoria en Estados Unidos y para definir hasta dónde puede llegar el Gobierno federal en el uso de agentes sin supervisión judicial.
Lo que está en juego
Para miles de hispanos que viven en Washington D.C. y sus alrededores, el resultado de esta demanda será clave.
Un fallo a favor de los demandantes podría limitar los poderes de ICE y DHS en la capital, garantizando mayor seguridad jurídica para las familias inmigrantes.
En cambio, si la corte valida los operativos, se abriría la puerta a una expansión de este tipo de redadas en otras ciudades del país.
Mientras tanto, la comunidad inmigrante sigue enfrentando incertidumbre.
Organizaciones como CASA han reiterado que seguirán ofreciendo apoyo legal y acompañamiento a los afectados, pero advierten que el miedo a ser detenido en la calle, en el trabajo o incluso en la puerta de la casa sigue siendo una realidad cotidiana bajo la actual administración.
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