El gobierno del presidente Donald Trump solicitó formalmente este jueves, 9 de mayo de 2025, a la Corte Suprema de Estados Unidos que le permita terminar con el programa de parole humanitario implementado durante la administración de Joe Biden. Este programa ha permitido que ciudadanos de Cuba, Venezuela, Haití y Nicaragua residan y trabajen temporalmente en EE.UU., siempre que cuenten con patrocinadores estadounidenses y pasen verificaciones de seguridad.
La administración Trump argumenta que mantener el parole activo interfiere con sus políticas de inmigración, especialmente diseñadas para disuadir la migración irregular. Según la apelación, el programa socava el derecho del poder ejecutivo de tomar decisiones en materia migratoria y afecta directamente “políticas aprobadas democráticamente que fueron centrales en las elecciones de noviembre”.
Batalla legal en cortes federales

En respuesta a la decisión ejecutiva, beneficiarios del programa interpusieron una demanda en tribunales federales.
La jueza Indira Talwani, en un tribunal de distrito en Massachusetts, bloqueó temporalmente el intento del gobierno de terminar el parole de forma generalizada.
Talwani señaló que la terminación debía evaluarse caso por caso, no de manera absoluta.
La administración Trump argumenta que mantener el parole activo interfiere con sus políticas de inmigración
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Un panel de tres jueces del Tribunal Federal de Apelaciones del Primer Circuito, con sede en Boston, respaldó esa decisión.
La mayoría del panel —dos jueces nombrados por Biden y uno por Obama— expresó dudas de que la actual secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, tuviera autoridad suficiente para anular por completo el programa humanitario.
Podrían verse afectados

El programa de parole ha beneficiado hasta la fecha a más de 500,000 personas, principalmente latinas.
Muchos de ellos han establecido hogares, empleo y conexiones comunitarias en EE.UU., lo que hace que este litigio represente una decisión de vida o deportación.
El gobierno de Trump sostiene que los beneficiarios del parole aceptaron “un beneficio temporal, discrecional y revocable en cualquier momento”,
Y que no se les prometió una vía permanente hacia la residencia.
La Corte Suprema escuchará los argumentos orales el próximo 15 de mayo.
Será una semana clave también para otros temas migratorios, incluido el debate sobre la ciudadanía por nacimiento.
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