Una nueva propuesta legislativa respaldada por Donald Trump está generando una fuerte reacción entre comunidades migrantes en Estados Unidos y América Latina. Se trata de un impuesto del 5 % sobre todas las remesas enviadas desde EE.UU. por personas que no puedan comprobar su ciudadanía estadounidense.
El proyecto está incluido en el paquete legislativo conocido como “One Big, Beautiful Bill”, impulsado por legisladores republicanos con miras a consolidar reformas fiscales y migratorias antes de las elecciones presidenciales de noviembre de 2024. De acuerdo con el borrador más reciente, el impuesto se aplicaría a partir de 2026 y afectaría a inmigrantes con residencia permanente, visas temporales e incluso beneficiarios de programas como DACA o TPS. Solo quedarían exentos los ciudadanos estadounidenses que puedan verificar su estatus mediante documentos oficiales al momento de realizar la transferencia.
¿Qué impacto tendría este impuesto?
Según datos actualizados del Migration Policy Institute (MPI), las remesas enviadas desde EE.UU. superaron los 70,000 millones de dólares en 2024.
Es una fuente vital de ingresos para millones de familias en América Latina.
En países como Guatemala, El Salvador y Honduras, las remesas representan entre el 20 % y el 28 % del PIB.
En México, el porcentaje ronda el 4 %, pero el volumen de remesas superó los 65,000 millones de dólares en 2024, según cifras del Banco de México.
Para muchos hogares, estos fondos son esenciales para cubrir alimentación, salud, educación y vivienda.
Un impuesto adicional a las remesas reduciría directamente el dinero que llega a esas familias, afectando el bienestar social y económico en toda la región.
Respuesta de gobiernos y expertos
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La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, calificó la propuesta como “inaceptable” e “inconstitucional”.
Argumentó que se trata de una forma de doble tributación, ya que los migrantes ya pagan impuestos federales, estatales y de nómina en Estados Unidos.
Por su parte, el Congreso mexicano pidió abrir un diálogo bilateral urgente con sus contrapartes en Washington para evitar que esta medida avance sin considerar su impacto regional.
En EE.UU., organizaciones como National Immigration Law Center (NILC) y UnidosUS han advertido que este tipo de impuesto a las remesas podría empujar a muchos migrantes a usar canales informales, lo que pone en riesgo la seguridad y legalidad de las transacciones financieras.
¿Qué sigue para la propuesta?
Aunque el proyecto aún no ha sido aprobado, su inclusión en la agenda republicana y el respaldo de Trump lo convierten en un tema prioritario.
Para que se convierta en ley, deberá ser aprobado por ambas cámaras del Congreso y luego firmado por el presidente.
El impuesto se aplicaría a partir de 2026
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Mientras tanto, abogados y expertos recomiendan a las familias migrantes documentarse bien y buscar asesoría legal antes de tomar decisiones financieras importantes.
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