El gobierno del presidente Donald Trump habría violado una orden judicial al deportar a ocho migrantes —incluidos dos cubanos y un mexicano— hacia Sudán del Sur, según declaró este miércoles 21 de mayo un juez federal de Massachusetts.
Durante una audiencia de emergencia, el juez Brian Murphy afirmó que el vuelo ejecutado por las autoridades migratorias violó de forma evidente una orden previa de su tribunal, la cual prohibía expulsar a migrantes a terceros países sin darles la oportunidad de defender sus casos, según lo reportaron medios estadounidenses.
Violaciones a derechos
La noche anterior, varias organizaciones defensoras de los derechos de los migrantes habían presentado un recurso urgente ante la corte, denunciando que al menos dos de sus representados habían sido notificados de que serían enviados a ese país africano.
La decisión del juez representa un nuevo capítulo en el creciente conflicto entre el poder judicial y la administración Trump, que ha impulsado políticas de deportación cada vez más agresivas como parte de su agenda migratoria.
Tanto tribunales como organizaciones de derechos humanos han acusado al gobierno de ignorar el debido proceso.
Algunos expertos legales advierten incluso que el país se acerca a una posible “crisis constitucional”.
Un mexicano entre los deportados
Previo al fallo del juez, la portavoz del Departamento de Seguridad Nacional (DHS), Tricia McLaughlin, confirmó en conferencia de prensa la salida del vuelo desde Texas.
Aunque evitó revelar el destino final de los migrantes por “motivos de seguridad”.
Aseguró, además, que los individuos siguen bajo custodia del gobierno estadounidense.
Según las autoridades, los deportados provienen de Cuba, Laos, México, Birmania, Vietnam y Sudán del Sur, y todos tienen antecedentes penales, que van desde asesinato hasta robo a mano armada.
Ningún país los quería recibir debido a la gravedad de sus crímenes. Pero gracias a gestiones del Departamento de Estado encontramos uno que aceptó recibirlos
Tricia McLaughlin
Entre los expulsados se encuentran Enrique Arias Hierro y José Manuel Rodríguez (Cuba), Jesús Muñoz Gutiérrez (México), Thongxay Nilakout (Laos), Kyaw Mya y Nyo Myint (Birmania), Tuan Thanh Phan (Vietnam), y Dian Peter Domach (Sudán del Sur).
El país más peligroso para ser deportado
Cabe destacar que Sudán del Sur continúa inmerso en un conflicto armado y es considerado de alto riesgo.
El propio Departamento de Estado de EEUU recomienda no viajar al país y retiró recientemente al personal no esencial de su embajada en esa nación.
Como parte de su estrategia para acelerar las deportaciones, el gobierno de Trump está negociando acuerdos con terceros países para que acepten migrantes expulsados de Estados Unidos.
En marzo, más de 200 personas —la mayoría venezolanos— fueron trasladadas a una megacárcel en El Salvador, donde, según informes, permanecen incomunicados de sus familiares y abogados.
Ese traslado se realizó bajo un acuerdo confidencial entre el presidente Trump y su homólogo salvadoreño, Nayib Bukele, mediante el cual El Salvador aceptó recibir a los migrantes por un año a cambio de 6 millones de dólares.
La comunidad internacional, incluidos organismos como ACNUR y HRW, lo siguen considerando como territorio inseguro para retornos forzosos.
La falta de garantías jurídicas para los migrantes ha motivado múltiples demandas legales.
Exigencias judiciales al gobierno
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En su fallo, el juez Murphy exige al Departamento de Seguridad Nacional que:
Identifique a todos los migrantes deportados a terceros países.
Detalle cuándo y cómo se decidió su expulsión.
Informe si se les dio oportunidad para apelar por temor creíble.
Proporcione información actualizada sobre el paradero de los deportados.
Aunque el gobierno no ha emitido comentarios oficiales hasta el momento, el fallo representa una advertencia sobre el respeto al debido proceso migratorio.
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