El 4 de abril de 2025, la jueza federal Kathleen Williams emitió una orden de restricción temporal bloqueando la aplicación de la ley SB 4-C en Florida. Esta ley, impulsada por el gobernador Ron DeSantis y aprobada en febrero de 2025, busca criminalizar la entrada y reingreso de inmigrantes indocumentados, imponiendo penas más severas que las establecidas a nivel federal.
La jueza argumentó que la norma probablemente viola la Constitución de los Estados Unidos, al interferir con la autoridad exclusiva del gobierno federal sobre la política migratoria, amparada bajo la Cláusula de Supremacía.
Principales sanciones que imponía la SB 4-C
La ley SB 4-C establecía dos nuevos delitos estatales que afectan directamente a los inmigrantes indocumentados:
Entrada ilegal al estado: Se consideraría delito menor de primer grado que cualquier inmigrante indocumentado mayor de 18 años ingresara o intentara ingresar a Florida tras haber eludido inspección migratoria.
Este delito implicaría una pena mínima obligatoria de nueve meses de cárcel.
Reingreso ilegal tras deportación o denegación: Tipificado como delito grave de tercer grado, imponía penas de hasta cinco años de prisión en casos agravados (por antecedentes penales graves).
La pena mínima comenzaba en un año y un día.
Además, la ley SB 4-C prohibía la libertad bajo fianza para los acusados.
Aparte, obligaba a las autoridades locales a notificar al ICE (Servicio de Inmigración y Control de Aduanas) sobre cualquier arresto bajo esta ley.
Argumentos legales contra la ley SB 4-C
Varias organizaciones defensoras de los derechos de los inmigrantes, incluyendo la ACLU de Florida, la Coalición de Inmigrantes de Florida y la Asociación de Trabajadores Agrícolas de Florida, interpusieron una demanda colectiva contra el estado.
Esta ley busca criminalizar la entrada y reingreso de inmigrantes indocumentados
Argumentaron que la ley SB 4-C viola tanto la ley federal como los derechos constitucionales de los inmigrantes.
Esto al criminalizar su estatus migratorio y permitir detenciones prolongadas sin debido proceso.
La jueza Williams concluyó que existe una alta probabilidad de que la ley sea inconstitucional.
Ordenó mantener su suspensión mientras avanza el proceso judicial.
Reacciones de la comunidad
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La extensión del bloqueo fue confirmada el 30 de abril de 2025, pero la medida ha generado confusión.
A pesar del fallo, algunos departamentos policiales locales siguieron aplicando ciertas disposiciones de la ley, lo que obligó a la jueza a emitir advertencias adicionales.
Diversas protestas se han realizado en Florida exigiendo al gobernador DeSantis y al fiscal general James Uthmeier que respeten el fallo judicial.
La ACLU calificó el intento de implementar la ley SB 4-C como un “abuso de poder diseñado para castigar a los inmigrantes”.
Por ahora, el futuro de la SB 4-C está en manos de los tribunales federales.
Deberán decidir en los próximos meses si la ley es definitivamente inconstitucional.
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