Las redadas masivas de ICE (Servicio de Inmigración y Control de Aduanas) bajo la administración de Donald Trump se han convertido en uno de los mecanismos más agresivos de su política migratoria desde su retorno a la presidencia en enero de 2025.
Estas operaciones, autorizadas por la Orden Ejecutiva 14159 (“Protecting the American People Against Invasion”), tienen como objetivo identificar, detener y deportar a inmigrantes en situación irregular en Estados Unidos, una estrategia que ha generado críticas a nivel nacional e internacional por su impacto en los derechos civiles y humanos.
Redadas masivas y expulsión expedita
La OE 14159 instruyó al Departamento de Seguridad Nacional (DHS) a aplicar con mayor rigor la Ley de Inmigración y Nacionalidad (INA).
Priorizando la deportación inmediata —sin audiencia ni revisión judicial— de personas que no puedan demostrar al menos dos años de residencia continua en EE.UU.
También se retomaron mecanismos para deportar rápidamente a personas condenadas por delitos graves.
Entre enero y abril de 2025, ICE reportó la detención de más de 158,000 personas en redadas, afirmando que el 75% tenía antecedentes penales.
Sin embargo, informes del TRAC (Transactional Records Access Clearinghouse) sugieren que la mayoría enfrentaba solo cargos menores, como infracciones de tránsito.
Lugares de redada y respuesta ciudadana
Las redadas de ICE no se han limitado a zonas fronterizas:
También han tenido lugar en restaurantes, tribunales, escuelas, hoteles y centros laborales.
En ciudades como Los Ángeles, Nueva York, Atlanta y Chicago, miles de personas han salido a las calles para protestar.
Se retomaron mecanismos para deportar rápidamente a personas condenadas por delitos graves
La tensión aumentó en Los Ángeles cuando el gobierno desplegó 4,000 soldados de la Guardia Nacional y 700 infantes de Marina tras declarar a los manifestantes como “insurrectos”.
Esta acción fue criticada por el gobernador de California, Gavin Newsom, como un “abuso descarado de poder”.
Violaciones a derechos fundamentales
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Diversos organismos de derechos humanos han advertido que estas redadas por parte de ICE vulneran principios básicos como:
El derecho al debido proceso, al impedir audiencias y defensa legal.
La prohibición de expulsiones colectivas, al no evaluar individualmente cada caso.
El derecho a solicitar asilo, reconocido por el derecho internacional y la INA.
El principio de unidad familiar, al separar padres, madres e hijos.
La protección contra tratos crueles e inhumanos, especialmente en centros de detención con condiciones deficientes.
Además, el temor generalizado entre comunidades migrantes ha afectado la salud mental y el acceso a servicios básicos, creando un ambiente de inseguridad y persecución.
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