En julio de 2025, un juez federal de New Hampshire emitió una orden preliminar que bloquea temporalmente la controvertida medida impulsada por el presidente Donald Trump, la cual pretendía eliminar la ciudadanía por nacimiento en Estados Unidos.
La decisión representa una victoria importante para defensores de los derechos civiles y migratorios, y garantiza, por ahora, la protección que otorga la Enmienda 14 de la Constitución a todos los niños nacidos en territorio estadounidense, sin importar el estatus migratorio de sus padres.
¿Qué dice la decisión judicial?
El juez federal Joseph Laplante, designado en su momento por el presidente George W. Bush, declaró que revocar la ciudadanía por nacimiento “provocaría un daño irreparable”.
Además, de que contradeciría más de un siglo de jurisprudencia constitucional.
A pesar de la suspensión temporal, Laplante otorgó una pausa de siete días para que el gobierno federal pueda apelar la medida.
Este fallo se deriva de una demanda colectiva presentada por la Unión Estadounidense por las Libertades Civiles (ACLU, por sus siglas en inglés).
Esto en nombre de una mujer hondureña conocida como Barbara, quien se encuentra en espera de asilo político y está embarazada de un hijo que nacerá en EE.UU. en octubre de 2025.
La protección de la Enmienda 14
La Enmienda 14 de la Constitución de Estados Unidos garantiza la ciudadanía por nacimiento a cualquier persona nacida en suelo estadounidense.
Es un principio respaldado por el fallo histórico del caso United States v. Wong Kim Ark de 1898.
Esta doctrina ha sido un pilar para los derechos de millones de personas nacidas en el país, independientemente del estatus migratorio de sus padres.
La orden ejecutiva de Trump, firmada el segundo día de su segundo mandato, buscaba reinterpretar esta enmienda para excluir a hijos de inmigrantes indocumentados, algo sin precedentes legales ni apoyo explícito del Congreso.
Alcance del fallo
El juez Laplante aclaró que su decisión protege a “niños existentes y futuros” que nacerían bajo la amenaza de perder su derecho automático a la ciudadanía por nacimiento.
No obstante, el fallo no extiende esa protección directa a los padres, como se había solicitado en la demanda.
La decisión representa una victoria importante para defensores de los derechos civiles y migratorios
Aunque esta es la segunda vez que Laplante se pronuncia contra la misma orden ejecutiva (la primera vez lo hizo en febrero de 2025, pero con alcance limitado), esta vez lo hace con carácter nacional.
Lo cual añade mayor peso jurídico y podría sentar precedente si la apelación la rechazan tribunales superiores.
¿Qué sigue?
Expertos constitucionales prevén una batalla prolongada que probablemente llegue a la Corte Suprema.
En 2023, el mismo tribunal permitió que ciertas políticas migratorias restrictivas de Trump avanzaran, pero sin llegar a tratar directamente la revocación de ciudadanía por nacimiento.
Mientras tanto, organizaciones como la ACLU y grupos de derechos humanos seguirán litigando para asegurar que la ciudadanía por nacimiento continúe siendo un derecho universal dentro del territorio estadounidense.
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