El Departamento de Trabajo de Estados Unidos (DOL, por sus siglas en inglés) anunció una nueva serie de medidas que impedirán que inmigrantes indocumentados accedan a programas de desarrollo laboral que reciben fondos públicos.
Esta decisión forma parte de la implementación de la orden ejecutiva 14218, firmada por el presidente Donald Trump, que busca restringir el uso de recursos federales a personas autorizadas a trabajar legalmente en el país.
Se revierte política de la administración Biden
La Administración de Empleo y Capacitación (ETA, por sus siglas en inglés) comunicó que todos los participantes en programas financiados bajo la Ley de Innovación y Oportunidades para la Fuerza Laboral (WIOA) y programas relacionados deberán presentar una autorización válida de trabajo para poder acceder a servicios o beneficios de capacitación y empleo.
Esta medida revoca las directrices adoptadas durante la presidencia de Joe Biden (2021-2025), las cuales, según el comunicado oficial del DOL, “incentivaban la inmigración indocumentada” al permitir mayor flexibilidad en la elegibilidad de participantes en programas laborales.
La secretaria de Trabajo, Lori Chavez-DeRemer, destacó que la nueva normativa tiene como objetivo “proteger los empleos bien remunerados para los trabajadores estadounidenses” y reafirmar el compromiso de la actual administración “con la seguridad de las fronteras y el fin de la inmigración ilegal”.
¿Qué cambia con esta medida?
A partir de la nueva guía, todas las organizaciones y agencias que reciben financiamiento bajo WIOA y programas afines deberán implementar políticas de verificación de autorización laboral para todos los participantes. Esto incluye:
Confirmación de documentos válidos como el Permiso de Trabajo (EAD), tarjeta de residencia (Green Card) o ciudadanía estadounidense.
Actualización inmediata de políticas internas y procedimientos de inscripción.
Mantenimiento de documentación respaldatoria en los archivos de cada participante.
Reportes regulares de cumplimiento a las autoridades federales.
Estas exigencias aplican tanto a organizaciones sin fines de lucro como a agencias estatales y centros de empleo que operan con fondos federales, y buscan garantizar que únicamente personas con estatus migratorio regular puedan recibir entrenamiento, apoyo laboral o acceso a recursos pagados por el erario público.
Impacto en los indocumentados
Para la comunidad hispana y migrante en Estados Unidos, esta medida representa un retroceso en el acceso a oportunidades de integración laboral.
Bajo la administración Biden, algunas jurisdicciones locales podían ofrecer orientación laboral básica o capacitación sin requerir verificación de estatus migratorio, lo que ayudaba a muchos trabajadores indocumentados a prepararse para mejorar su situación.
Organizaciones defensoras de los derechos de los inmigrantes han expresado preocupación, argumentando que esta política aumentará la desigualdad en el acceso al empleo y la capacitación profesional.
La administración de Trump insiste en que esta medida es necesaria para fortalecer el estado de derecho y priorizar a ciudadanos y residentes legales
¿Qué deben hacer los beneficiarios actuales?
Relacionado
Quienes actualmente participen en estos programas y no tengan autorización válida de trabajo podrían ser dados de baja o requeridos a presentar documentación adicional.
Los proveedores de servicios laborales ya han comenzado a recibir orientación técnica para aplicar las nuevas reglas de manera inmediata.
El Departamento de Trabajo afirma que estas acciones “aseguran que los empleadores que colaboran con el sistema laboral puedan confiar en que están contratando trabajadores calificados y autorizados legalmente”, reforzando así el enfoque de la administración Trump en el control migratorio y el fortalecimiento de la economía nacional mediante la prioridad al trabajador estadounidense.
Entérate de más en ‘QueOnnda.com’
