Desde el regreso de Donald Trump a la presidencia de Estados Unidos el 20 de enero de 2025, las políticas migratorias se han endurecido notablemente. En menos de siete meses, más de 67,000 mexicanos han sido repatriados y al menos 355 han sido detenidos en redadas ejecutadas por agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés).
La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, confirmó estos datos durante su conferencia matutina del 11 de julio de 2025. Señaló que su gobierno está activamente respondiendo ante lo que considera una escalada de acciones migratorias que afectan directamente a la comunidad trabajadora mexicana en EE.UU.
Redadas recientes en California

Uno de los incidentes más alarmantes ocurrió el jueves 10 de julio en cultivos agrícolas del condado de Santa Bárbara, California, en la localidad de Carpinteria.
Agentes de ICE realizaron redadas que resultaron en la detención de varios trabajadores agrícolas, muchos de ellos de origen mexicano.
Tras los hechos, se registraron protestas espontáneas de la comunidad local que se dispersaron con gas lacrimógeno, generando una fuerte crítica por el uso excesivo de la fuerza.
En paralelo, el Consulado de México en Los Ángeles recibió al menos 25 llamadas de auxilio por parte de familiares de los detenidos.
Respuesta del gobierno mexicano

En reacción a esta situación, el gobierno de Claudia Sheinbaum anunció un incremento en el presupuesto de los consulados mexicanos en EE.UU.
Con énfasis en el apoyo legal y la asistencia urgente para connacionales detenidos.
Estamos ampliando los recursos, el presupuesto de los consulados
Además, la mandataria calificó las redadas como “acciones injustas” que afectarán negativamente a la economía de Estados Unidos.
Recordó que la mano de obra mexicana ha sido esencial para el desarrollo de sectores clave como la agricultura.
La defensa del aporte migrante

La presidenta enfatizó que los migrantes, en especial los latinos, son pieza fundamental para la economía estadounidense.
“Sin ellos, los campos de California y de otros estados no van a producir”, advirtió.
Organizaciones de derechos civiles y defensoras de migrantes también han manifestado preocupación por el aumento de detenciones sin distinción penal, afectando incluso a personas sin antecedentes criminales.
La tendencia confirma un giro punitivo en la política migratoria que contrasta con discursos oficiales que aseguran enfocarse solo en “inmigrantes con récord criminal”.
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