La muerte del jornalero mexicano Jaime Alanís, de 57 años, tras un operativo de inmigración en California, ha generado indignación entre organizaciones proinmigrantes y trabajadores agrícolas. Sin embargo, el gobierno de Donald Trump defendió la acción llevada a cabo por agentes federales.
Tom Homan, asesor presidencial y conocido como el “zar de la frontera”, calificó la muerte como “desafortunada”, pero sostuvo que los agentes de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) actuaron conforme a la ley.
Un intento de escape mortal
“Es triste. Es desafortunado. Nadie quiere ver morir a una persona”, dijo Homan en una entrevista este domingo en el programa State of the Union de CNN.
Añadió que Alanís “no estaba bajo custodia de ICE” cuando ocurrió el accidente y recalcó que los oficiales “solo estaban haciendo su trabajo”.
Según informes de medios como USA TODAY y declaraciones oficiales, Jaime Alanís sufrió una caída mortal cuando intentaba huir de la redada migratoria.
El 10 de julio, agentes federales irrumpieron en dos instalaciones de cultivo de cannabis al norte de Los Ángeles: una en Camarillo y otra en Carpinteria, conocida como una de las más grandes del estado.
Alanís habría subido al techo de un invernadero para evitar ser detenido, pero cayó desde una altura de unos 30 pies (aproximadamente 9 metros), rompiéndose el cuello.
Murió al día siguiente en un hospital de la zona.
El operativo dejó cerca de 200 personas arrestadas, la mayoría trabajadores agrícolas indocumentados.
Además, al menos otros dos empleados resultaron gravemente heridos, según reportó la presidenta de United Farm Workers (UFW), Teresa Romero.
Escena caótica y protestas
El operativo provocó momentos de tensión.
Los agentes federales bloquearon el camino principal de acceso y se enfrentaron con manifestantes que intentaban frenar las detenciones.
Las protestas se extendieron hasta entrada la noche.
La comunidad agrícola del sur de California, donde laboran miles de inmigrantes —muchos de ellos sin documentos—, ha expresado temor y frustración.
“Este tipo de redadas no solo destruyen familias, también ponen vidas en riesgo”, expresó Romero, quien también exigió una investigación independiente.
ICE responde y justifica el operativo
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El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) defendió la operación señalando que además de detener a trabajadores sin documentos, “rescataron al menos a 10 menores migrantes que posiblemente estaban siendo explotados laboralmente o víctimas de tráfico humano”.
La declaración sugiere que las autoridades también investigan indicios de trata de personas y trabajo infantil forzado en las instalaciones.
La redada forma parte de la ofensiva migratoria impulsada por el presidente Trump desde que regresó a la Casa Blanca en enero del 2025.
Desde inicios de año, los operativos han aumentado considerablemente en estados como Texas, Florida y California, especialmente en zonas agrícolas y centros de trabajo con alta concentración de mano de obra inmigrante.
Para la comunidad hispana en EEUU, este incidente pone nuevamente sobre la mesa el debate sobre la seguridad en los lugares de trabajo, los derechos de los jornaleros migrantes y la responsabilidad de las autoridades durante operativos de gran escala.
Organizaciones civiles piden transparencia, reparación para las víctimas y una revisión urgente de los protocolos de ICE para evitar más tragedias
