El gobierno del presidente Donald Trump reafirmó su negativa a cualquier posibilidad de amnistía para inmigrantes indocumentados, incluso frente a la presión creciente de agricultores, legisladores y líderes comunitarios que han denunciado el impacto económico y humano de las redadas migratorias intensificadas desde el regreso de Trump a la Casa Blanca.
Tom Homan, conocido como el “zar de la frontera” por su rol clave en la implementación de la política migratoria de línea dura, declaró este viernes que la administración republicana no apoyará ninguna medida que otorgue residencia o algún tipo de alivio migratorio a quienes ingresaron o permanecen en el país sin autorización legal. “No habrá amnistía”, enfatizó Homan durante una conferencia de prensa en Washington.
Rechazo a proyectos bipartidistas

Sus declaraciones surgen en respuesta a un proyecto de ley presentado esta semana por un grupo bipartidista de congresistas que busca ofrecer un camino hacia la residencia legal a ciertos trabajadores agrícolas y empleados esenciales sin documentos.
Esta iniciativa, respaldada por sectores conservadores y agrícolas, se basa en la necesidad crítica de mano de obra en la industria agroalimentaria, especialmente tras las recientes redadas en campos de cultivo en California, Georgia y Florida.
Sin embargo, el funcionario fue tajante: “El presidente Trump no firmará ninguna ley que signifique una amnistía disfrazada”.
Agregó que muchas versiones periodísticas recientes sobre la supuesta apertura del gobierno a regularizar a ciertos inmigrantes son “falsas” y solo generan confusión entre la población.
Contradicciones desde la Casa Blanca

Las palabras de Homan contradicen algunas declaraciones previas del propio presidente Trump.
En una entrevista reciente, el mandatario reconoció el impacto que las deportaciones están teniendo en sectores agrícolas.
“Entro a una granja y veo a trabajadores que han estado allí por 20 o 25 años. Trabajan duro, son valorados por sus empleadores, y aun así se espera que los expulsemos. Eso no tiene sentido”, expresó Trump.
En esa misma entrevista, el presidente insinuó que estaba evaluando una posible orden ejecutiva para proteger a ciertos trabajadores agrícolas.
Sin embargo, días después, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) aclaró que las redadas continuarían como parte del esfuerzo por “restaurar la ley y el orden” en el sistema migratorio.
Presión del sector agrícola

Las políticas migratorias están generando tensiones incluso dentro del propio Partido Republicano.
Legisladores conservadores de estados con fuerte actividad agrícola han expresado su preocupación por la escasez de trabajadores y las pérdidas económicas derivadas de los operativos migratorios.
Se estima que más de un millón de personas trabajan en el sector agrícola de EEUU, y aproximadamente el 40% carece de estatus migratorio regular.
Organizaciones como la Asociación Nacional de Agricultores han solicitado una moratoria temporal a las redadas en zonas agrícolas.
Alegan que las deportaciones masivas podrían colapsar la producción de alimentos, elevar los precios y afectar la seguridad alimentaria nacional.
Conversaciones en curso
A pesar del rechazo oficial, Homan admitió que “hay conversaciones en curso” dentro del Ejecutivo.
No ofreció detalles sobre si se evalúan excepciones para ciertos sectores laborales ni sobre los criterios que podrían aplicarse en futuros operativos.
Por ahora, la política oficial sigue siendo clara: no habrá regularización para indocumentados bajo la actual administración.
Mientras tanto, miles de familias hispanas en EEUU enfrentan una creciente incertidumbre sobre su futuro legal, laboral y personal.
El presidente Trump no firmará ninguna ley que signifique una amnistía disfrazada
Tom Homan