El reforzamiento de las redadas migratorias bajo la administración de Donald Trump en 2025 ha generado un ambiente de miedo generalizado entre las comunidades hispanas del sur de Texas, especialmente en el Valle del Río Grande, una región de mayoría latina donde miles de inmigrantes indocumentados han dejado de acudir a citas médicas esenciales por temor a ser detenidos.
Casos como el de Juanita, madre prediabética con una hija con discapacidad, reflejan una realidad alarmante: evitar una visita a la farmacia por miedo a ICE puede implicar poner en riesgo la vida o la salud de la familia. Y no es un caso aislado. Clínicas comunitarias como Holy Family Services en Weslaco reportan una disminución drástica en la asistencia de pacientes, incluso de aquellos con seguro médico como Medicaid. “La gente dejó de venir. Tienen miedo de ser arrestados”, comenta Sandra de la Cruz-Yarrison, directora de la clínica.
Deportaciones masivas afectan salud pública
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Desde junio de 2025, agentes federales han intensificado redadas incluso en iglesias, hospitales y mercados locales.
La propia Casa Blanca ha ordenado el uso de bases de datos federales como Medicaid y CHIP para rastrear a inmigrantes.
Una política que ha generado rechazo entre defensores de derechos humanos y profesionales médicos.
“Esta situación es muy peligrosa. La población está sufriendo”, advierte el Dr. Stanley Fisch, pediatra del Hospital Infantil Driscoll.
Señala también que enfermedades crónicas como la diabetes o el cáncer ahora se complican por falta de atención médica oportuna.
Texas, uno de los estados con mayor población sin seguro médico, enfrenta un agravamiento de sus indicadores de salud pública, especialmente entre mujeres, personas mayores y niños.
Historias que reflejan una crisis humana
Casos como el de María Isabel, cuyo hijo retrasó ir al hospital por miedo a ICE hasta que su apéndice se reventó, se repiten en los testimonios de muchas familias, en este caso en Texas.
Otros, como María, han dejado de trabajar y de asistir a consultas médicas por miedo a la detención, mientras sus hijos pasan el verano encerrados y sin acceso a servicios básicos.
A pesar de ser residentes legales, muchos evitan inscribir a sus hijos en programas como Medicaid por miedo a represalias.
No somos malas personas. Solo queremos un futuro mejor para nuestros hijos
María
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