Un tribunal federal en Massachusetts volvió a rechazar un intento de la administración Trump de negar la ciudadanía estadounidense automática por nacimiento a hijos de inmigrantes, consolidando un sólido respaldo legal a la protección constitucional que ampara a millones de familias latinas.
El juez de distrito Leo Sorokin ratificó el interdicto nacional que había emitido en febrero para bloquear la Orden Ejecutiva 14160, firmada por Donald Trump el 20 de enero de 2025, en su primer día de regreso a la presidencia.
Nuevo fallo en el caso de ciudadanía por nacimiento
La medida de Trump buscaba revocar el derecho a la ciudadanía por nacimiento para hijos nacidos en EEUU si sus padres no eran ciudadanos ni residentes legales.
A pesar de un fallo del Tribunal Supremo del 27 de junio, que limitó la autoridad de los jueces para emitir bloqueos con efecto nacional, Sorokin argumentó que su medida sigue amparada por las excepciones contempladas en esa decisión, dado que el bloqueo es esencial para proteger a los estados demandantes de daños irreparables.
Esta es la tercera decisión importante en los últimos días que mantiene el bloqueo a nivel nacional.
Otros jueces federales en Nueva Hampshire, Maryland y California también han declarado inconstitucional la orden en demanda de Washington, Nueva Jersey y grupos civiles.
Fundamentos legales clave
Sorokin enfatizó que solo una orden de alcance nacional brinda verdaderamente protección a los estados demandantes, al evitar un mosaico legal que dificultaría programas federales como Medicaid o servicios sociales que dependen del estatus de ciudadanía.
El juez declaró que el decreto ejecutivo viola la Decimocuarta Enmienda, que garantiza la ciudadanía a cualquier persona nacida en suelo estadounidense sin importar el estatus migratorio de los padres.
La fiscal general de Nueva Jersey, Matthew Platkin, celebró públicamente el fallo.
“Los bebés nacidos en EEUU son estadounidenses como lo han sido siempre. El presidente no puede cambiar esa regla legal con el solo movimiento de una pluma”.
Relevancia para familias latinas en EEUU
Hay nuevo fallo en el caso de ciudadanía por nacimiento / FOTO: Captura de pantalla de la Cuenta de X de Eric DaughertyPara los millones de niños nacidos en los EEUU de padres inmigrantes, este fallo representa una garantía robusta de que su ciudadanía no puede ser eliminada por decreto presidencial.
De haber prosperado la orden ejecutiva, se enfrentarían a una pérdida de acceso a salud pública, educación y servicios sociales.
Además de afectar la financiación estatal por reembolsos federales.
Aunque una sentencia de la Corte Suprema en 2024 limitó el alcance nacional de algunos fallos judiciales, el magistrado concluyó que su decisión está amparada en una excepción constitucional que permite proteger derechos fundamentales.
En su fallo, Sorokin coincidió con una corte de apelaciones que también se pronunció contra la orden ejecutiva.
Declaró “inconstitucional” cualquier intento de modificar el principio de ciudadanía por nacimiento mediante decreto presidencial.
Ningún poder ejecutivo puede sobrepasar los límites que impone la Constitución
Leo Sorokin
Panorama legal futuro
Aunque los tribunales han protegido el derecho por ahora, la disputa podría llegar nuevamente a la Corte Suprema, que aún no se ha pronunciado sobre la constitucionalidad de la orden Presidencial.
Mientras tanto, los litigios continúan y los estados demandantes—junto a organizaciones civiles—buscan mantener el amparo mediante demandas colectivas o class actions que extiendan el bloqueo nacional.
En resumen:
Relacionado
El fallo del juez Leo Sorokin sostiene el bloqueo nacional a la orden ejecutiva de enero de 2025.
Se trata ya del tercer bloqueo judicial significativo tras el fallo del Supremo.
Para las familias latinas, el derecho a la ciudadanía por nacimiento sigue plenamente protegido.
Cualquier cambio futuro requeriría decisiones legislativas complejas o una nueva lectura constitucional por parte de la Corte Suprema
Los distintos fallos han reiterado que la Constitución no puede ser reinterpretada unilateralmente por ningún presidente.
Aunque existen sectores que aún promueven una reforma constitucional, cualquier cambio a la Enmienda 14 requeriría un proceso legislativo complejo.
Así como una mayoría calificada en el Congreso y los estados, algo poco probable en el contexto político actual.
