El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) ha lanzado en este julio de 2025 una campaña nacional de contratación dirigida a agentes federales recientemente retirados. Bajo el lema “Return to Mission” (“Regreso a la Misión”), la agencia busca reforzar sus filas para acometer una ambiciosa meta: deportar a un millón de migrantes indocumentados en un solo año.
Esta iniciativa, impulsada por el presidente Donald Trump en su segundo mandato, se sostiene con una ley presupuestaria recientemente aprobada que destina 75.000 millones de dólares al fortalecimiento del ICE: 30.000 millones para contratar personal adicional y 45.000 millones para centros de detención.
Bonos y salarios para atraer a exagentes
Los incentivos económicos son clave en la estrategia.
El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) ofrece:
Bonos de contratación de hasta $50,000 USD
Salarios base entre $88,000 y $171,000 USD anuales
Compatibilidad con pensión federal para quienes se jubilaron con buena reputación
Además de los agentes de deportación, se están contratando investigadores criminales y fiscales migratorios.
Especialmente en Washington D.C. y estados con cortes saturadas. La convocatoria estará abierta hasta el 18 de agosto.
¿Qué tan efectiva ha sido la operación?
La agencia busca reforzar sus filas para acometer una ambiciosa meta
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Aunque la campaña del ICE proyecta una imagen de eficiencia, los datos actuales indican un ritmo mucho más moderado.
Entre enero y junio de 2025:
Se han realizado más de 207,000 deportaciones, muy por debajo del millón planteado
Cerca del 72 % de los detenidos no tenía antecedentes criminales graves
El apoyo ciudadano al ICE sigue siendo bajo: 54 % considera que sus acciones han sido excesivas.
Estas cifras han alimentado la percepción de que la política migratoria prioriza las apariencias sobre los resultados reales.
Riesgos y rechazo comunitario
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Las organizaciones civiles han advertido que la campaña del ICE intensificará la vigilancia, el miedo y la separación familiar en comunidades migrantes.
La presión por cumplir cuotas ha generado abusos documentados en redes sociales: arrestos frente a menores, uso de fuerza excesiva y persecuciones en centros de trabajo.
Además, el dinero destinado al ICE ha sido recortado de programas sociales como salud y educación, según han denunciado defensores de derechos humanos.
Millones de latinos en EE. UU. —especialmente en sectores como la construcción, limpieza, agricultura y hotelería— viven ahora con temor de ser objeto de redadas. Esto ha provocado:
Ausentismo escolar de menores por miedo a detenciones familiares
Falta de asistencia a citas legales y médicas
Mayor necesidad de acceso a asesoría migratoria y protección consular
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