El gobierno del presidente Donald Trump intensificó este jueves 4 de septiembre su ofensiva contra las llamadas ciudades santuario, al presentar una demanda federal contra la ciudad de Boston y su alcaldesa, Michelle Wu.
La demanda es por mantener políticas de protección a inmigrantes que, según el Departamento de Justicia, “interfieren” con la aplicación de las leyes migratorias federales.
Boston bajo la lupa
Boston, capital y ciudad más poblada de Massachusetts, ha sido durante años un referente nacional en la defensa de los inmigrantes.
Su normativa local, conocida como la Boston Trust Act de 2014, prohíbe que la policía municipal colabore con ICE (Servicio de Control de Inmigración y Aduanas) para detener o deportar a personas indocumentadas únicamente por su estatus migratorio.
La alcaldesa Michelle Wu reafirmó recientemente, en declaraciones a la emisora WBUR, que cualquier oficial que comparta información con ICE en violación de esta política enfrentará sanciones disciplinarias.
Para la administración Trump, esa postura representa un desafío directo a su política migratoria restrictiva.
Los argumentos del Gobierno federal
En el comunicado de la demanda, la fiscal general de Estados Unidos, Pam Bondi, acusó a Michelle Wu de “ejecutar explícitamente políticas diseñadas para socavar el cumplimiento de la ley y proteger a extranjeros ilegales de la justicia”.
El Departamento de Justicia sostuvo que la falta de cooperación de Boston con ICE “resulta en la liberación de criminales peligrosos en custodia policial que, de otra manera, estarían sujetos a deportación”.
Según la demanda, esa práctica coloca en riesgo la seguridad pública y contradice la obligación constitucional de las ciudades de acatar la ley federal.
Una estrategia más amplia contra los santuarios
El pasado 5 de agosto, la Casa Blanca publicó una lista de jurisdicciones consideradas “santuario” para presionar a alcaldes y gobernadores a abandonar estas políticas.
Entre ellas figuran Nueva York, Los Ángeles, Chicago y Denver, además de estados como California, Illinois y Colorado, que ya enfrentan demandas similares.
Trump ya había intentado en su primer mandato congelar fondos federales para las ciudades santuario.
Aunque en la mayoría de los casos perdió en tribunales federales, donde los jueces determinaron que esas medidas violaban la autonomía de los gobiernos locales.
Esta vez, el gobierno busca sentar un precedente legal más sólido que le permita obligar a las ciudades a cooperar con ICE.
Trump vs alcaldesa de Boston
La alcaldesa Michelle Wu, hija de inmigrantes taiwaneses y la primera mujer de color en dirigir Boston, ha defendido consistentemente la importancia de las políticas de confianza comunitaria.
Según Wu, cuando los inmigrantes no temen a la policía, están más dispuestos a denunciar delitos y colaborar con las investigaciones, lo que fortalece la seguridad en toda la ciudad.
“Boston no retrocederá en su compromiso de proteger a las familias inmigrantes.
“Nuestras políticas están diseñadas para garantizar la seguridad de todos, no para dividir a nuestras comunidades”, afirmó en un comunicado previo a la demanda.
Lo que está en juego
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La batalla legal en Boston podría convertirse en un caso clave para definir hasta dónde puede llegar el gobierno federal en su intento por obligar a los gobiernos locales a colaborar con la aplicación de las leyes migratorias.
Para la comunidad hispana en Massachusetts, que representa cerca del 12 % de la población del estado, la demanda despierta preocupación.
Activistas advierten que, de prosperar, miles de inmigrantes podrían estar más expuestos a detenciones y deportaciones, lo que generaría miedo en vecindarios donde ya hay desconfianza hacia las autoridades.
La demanda contra Boston refleja la estrategia de la Administración Trump de confrontar directamente a las ciudades santuario en 2025.
Mientras el caso avanza en los tribunales, la tensión crece entre la Casa Blanca y los gobiernos locales que defienden su derecho a proteger a los inmigrantes como parte fundamental de la seguridad comunitaria.
Nuestras políticas están diseñadas para garantizar la seguridad de todos, no para dividir a nuestras comunidades
Alcaldesa Michelle Wu
