Un arresto migratorio en California terminó en un polémico enfrentamiento entre agentes federales y personal médico, luego de que dos empleados de una clínica fueran acusados de interferir en la detención de un inmigrante.
El caso, que ha generado fuertes reacciones en comunidades latinas y organizaciones civiles, refleja el creciente uso de medidas federales contra quienes presuntamente obstaculizan redadas migratorias.
¿Qué ocurrió en Ontario, California?
El Departamento de Justicia de Estados Unidos (DOJ, por sus siglas en inglés) informó que a José de Jesús Ortega, de 38 años, lo arrestaron el 25 de julio de 2025.
Mientras que Danielle Nadine Dávila, de 33, permanece bajo búsqueda activa por las autoridades federales.
Ambos trabajaban en el Ontario Advanced Surgery Center, ubicado en el condado de San Bernardino.
El 8 de julio, agentes de ICE (Servicio de Inmigración y Control de Aduanas) intentaron detener a Denis Guillén-Solís, un jardinero hondureño de 30 años, que escapó hacia la clínica para evitar el arresto.
Según el DOJ, Guillén-Solís fue seguido por agentes en un vehículo sin identificación y al entrar al centro quirúrgico, se produjo un forcejeo en el que Ortega y Dávila habrían intervenido físicamente.
Video genera controversia
La organización Inland Coalition for Immigrant Justice (ICIJ) publicó un video del arresto migratorio.
Se observa a trabajadores del centro pidiendo a los agentes que presentaran una orden judicial para ingresar.
Guillén-Solís fue seguido por agentes en un vehículo sin identificación
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Los agentes continuaron con la persecución dentro del recinto privado, lo que provocó tensiones adicionales.
En el video se aprecia cómo uno de los empleados ayuda al inmigrante a levantarse y alejarse del agente, lo cual fue incluido en la acusación como evidencia de obstrucción.
Cargos y consecuencias legales
Relacionado
El DOJ presentó dos cargos federales contra los acusados:
Conspiración para impedir a un agente cumplir su deber mediante fuerza o intimidación
Agresión a un agente federal en cumplimiento de su función
De ser declarados culpables, enfrentarían hasta ocho años de prisión por el cargo de agresión y hasta seis años por conspiración.
El fiscal federal en el Distrito Central de California declaró que el gobierno “procesará enérgicamente cualquier interferencia en operativos migratorios, especialmente cuando involucre a trabajadores en espacios públicos o privados”.
Reacciones de la comunidad
Grupos proinmigrantes han denunciado el uso desproporcionado de la fuerza en zonas comunitarias y la criminalización de ciudadanos por asistir a personas vulnerables.
Líderes locales han exigido mayor claridad legal sobre el ingreso de agentes federales a clínicas privadas sin orden judicial, como en este arresto migratorio.
En tanto, ICE ha reforzado su postura indicando que sus agentes tienen autorización para ingresar a propiedades privadas en caso de “persecución activa”.
Aunque expertos en derecho constitucional señalan que eso puede ser objeto de litigio.
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