En junio de 2025, el medio independiente The Crustian Daily lanzó la ICE List, una base de datos pública que recopila nombres, fotos y funciones de agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) que participen en redadas o deportaciones. Según su portavoz, la iniciativa busca visibilizar a quienes aplican “políticas estatales violentas” y fomentar la rendición de cuentas.
La plataforma ha sido diseñada para incluir únicamente información pública, como perfiles en redes sociales o cobertura mediática. Excluye datos personales como direcciones particulares y deja claro que no promueve el acoso.
Reacción del DHS: “Estos son matones”
Tricia McLaughlin, subsecretaria de Asuntos Públicos del Departamento de Seguridad Nacional, calificó al proyecto de base de datos como obra de “matones”.
Advirtió que quienes publiquen información confidencial sobre agentes ICE serán procesados legalmente.
Según informes oficiales, los intentos de difundir datos personales han sido vinculados a un incremento del 413% en ataques contra agentes ICE.
Esto ha intensificado la discusión sobre los riesgos reales y la necesidad de proteger tanto la seguridad de los oficiales como la integridad del proceso.
Transparencia vs. seguridad pública
Desde la visión del Crustian Daily, el proyecto responde a la idea de que “luchan contra el fascismo”.
Además de que buscan estructurar una oposición comunitaria a políticas de deportación masiva durante la administración Trump.
Excluye datos personales como direcciones particulares
No obstante, críticos señalan que la exposición de agentes, aunque sin direcciones privadas, podría incentivar represalias y generar más tensión en comunidades ya vulnerables.
¿Qué deben saber las familias hispanas?
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Para lectores hispanos, este escenario conlleva varias implicaciones:
1. Vigilancia ciudadana: iniciativas como ICE List representan un esfuerzo por documentar actuaciones oficiales, algo inédito en EEUU.
2. Riesgos reales: la exposición pública, incluso con límites, puede generar daño y desencadenar medidas legales del gobierno.
3. Derecho a la transparencia: también refuerza el debate sobre el acceso a información pública sobre agentes estatales y su responsabilidad ante acciones de control migratorio.
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