En una decisión que marca un precedente importante para los derechos civiles de la comunidad migrante en EEUU, la jueza federal Maame Ewusi-Mensah Frimpong, del Distrito Central de California, ordenó este viernes detener las redadas migratorias que se basan en perfiles raciales en el sur de California, específicamente en el área metropolitana de Los Ángeles.
La decisión responde a una demanda presentada por ACLU del Sur de California (ACLU SoCal) y otras organizaciones en nombre de varios trabajadores migrantes y residentes detenidos en redadas recientes. El recurso legal alega que agentes federales violaron múltiples protecciones constitucionales al detener a personas solo por hablar español, tener determinado color de piel o encontrarse en ciertos espacios laborales como campos agrícolas, lavaderos de autos o estaciones de autobuses.
Dos órdenes clave contra el Gobierno de Trump
“Sin importar el color de su piel, el idioma que hablen o dónde trabajen, todos tienen garantizados los derechos constitucionales que los protegen de detenciones ilegales”, declaró Mohammad Tajsar, abogado principal de ACLU SoCal, tras conocerse el fallo.
En su resolución, la jueza Frimpong dictó dos órdenes temporales que deben cumplirse de inmediato:
Prohibición de detenciones basadas en perfil racial: Los agentes de ICE y del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) no podrán detener a personas sin una sospecha razonable específica.
Además, queda expresamente prohibido usar criterios como la raza, el idioma, el acento, el tipo de trabajo o la simple presencia en determinados lugares como justificación para una detención.
Acceso a asesoría legal: El fallo también obliga al DHS a permitir el acceso a abogados todos los días, incluidos fines de semana y feriados, a las personas migrantes detenidas en el edificio federal B-18, en el centro de Los Ángeles, que opera como centro de procesamiento de inmigrantes.
El detonante: redada viral y denuncias de abuso
El caso se originó tras una redada ocurrida el 22 de junio, cuando varios trabajadores fueron detenidos por hombres enmascarados con chalecos con insignias de la Patrulla Fronteriza en un centro de empaque en el condado de San Bernardino.
Videos grabados por testigos mostraron uso excesivo de fuerza y detenciones sin explicación clara, lo que desató indignación en redes sociales y movilizó a grupos defensores de derechos humanos.
Uno de los responsables del lugar, identificado como Enmanuel, denunció que los agentes ingresaron a zonas restringidas, sin órdenes judiciales, y realizaron detenciones violentas sin justificación legal.
Desde entonces, los familiares de varios detenidos han reportado incomunicación y falta de información sobre el paradero de sus seres queridos, muchos de los cuales permanecen en instalaciones federales.
DHS rechaza las acusaciones
L.A. has been under assault as masked men snatch people off the street and chase people through parking lots and summer camps.
But today, the Court ruled in favor of the United States Constitution.
This is a win for Los Angeles and it is a win for cities all across the nation. pic.twitter.com/MrCkwQFb13
— Mayor Karen Bass (@MayorOfLA) July 12, 2025
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En respuesta a la decisión judicial, un portavoz del Departamento de Seguridad Nacional calificó las denuncias como “repugnantes y categóricamente falsas”, y aseguró que las operaciones migratorias se realizan bajo el marco legal vigente.
Sin embargo, la orden judicial representa un freno legal a las redadas masivas que la administración Trump ha intensificado en California, y podría extenderse a otras jurisdicciones si se demuestra un patrón de violaciones sistemáticas de derechos.
Desde el retorno de Trump a la presidencia en 2025, California ha vuelto a colocarse en la primera línea de resistencia contra las políticas migratorias del Gobierno federal.
Esta nueva batalla judicial se suma a otras demandas en curso que cuestionan la legalidad de los operativos de ICE y su impacto en comunidades de inmigrantes, muchas de ellas con décadas de residencia en el país.
Sin importar el color de su piel, el idioma que hablen o dónde trabajen, todos tienen garantizados los derechos constitucionales que los protegen de detenciones ilegales
