El Gobierno federal aprobó que la agencia de migración ICE utilice el programa Graphite, uno de los sistemas más avanzados de vigilancia digital. La medida, implementada tras reactivar un contrato con la empresa israelí Paragon Solutions, otorga a los agentes la capacidad de interceptar comunicaciones, acceder a archivos privados y activar de forma remota micrófonos de teléfonos móviles, incluso aquellos con aplicaciones de cifrado.
El contrato, con un valor de dos millones de dólares, había sido suspendido durante la administración de Joe Biden. Sin embargo, tras una revisión de los lineamientos federales, el Departamento de Seguridad Nacional permitió su entrada en vigor, abriendo un debate sobre los riesgos del espionaje digital en Estados Unidos.
Un contrato polémico con Paragon Solutions
De acuerdo con documentos de adquisición revisados por The Guardian, el ICE quedó habilitado para operar Graphite.
El software permite extraer mensajes, imágenes y ubicaciones de dispositivos intervenidos. Además, funciona de manera invisible sobre aplicaciones cifradas como WhatsApp o Signal.
Jack Poulson, periodista especializado y autor del boletín All-Source Intelligence Substack, reveló la operación tras analizar registros públicos de contratación.
Ni Paragon Solutions ni ICE dieron declaraciones tras conocerse los detalles del acuerdo.
La autorización marca un cambio respecto a la postura previa del gobierno estadounidense, que se había mostrado reacio a emplear spyware extranjero por riesgos de contrainteligencia.
El espionaje digital en Estados Unidos ahora se realiza con una herramienta desarrollada inicialmente fuera del país, lo que genera preocupación en expertos en ciberseguridad.
Riesgos del espionaje digital en Estados Unidos para la seguridad y derechos civiles
Organizaciones de derechos humanos y especialistas en privacidad advierten que el uso de Graphite amenaza las libertades civiles.
El software fue diseñado para penetrar cualquier dispositivo, sin importar sistema operativo ni nivel de seguridad.
John Scott-Railton, investigador del Citizen Lab de la Universidad de Toronto, explicó que “mientras el mismo software mercenario se venda a varios gobiernos, será un riesgo de contrainteligencia inherente”.
Según el especialista, los países que accedan a esta tecnología pueden detectar cómo opera Estados Unidos e incluso rastrear sus actividades de vigilancia.
Además de las preocupaciones técnicas, los defensores de derechos humanos advierten que el uso de spyware podría abrir la puerta a abusos contra periodistas, opositores políticos y miembros de comunidades vulnerables.
“Estas herramientas se crearon pensando en dictaduras, no en democracias”, subrayó Scott-Railton.
Contexto político
Durante la presidencia de Joe Biden, la Casa Blanca había emitido una orden ejecutiva que limitaba el uso de spyware extranjero.
La medida prohibía emplear programas que representaran riesgos para la seguridad nacional o que hubieran sido utilizados para vigilar a activistas y periodistas.
En esa misma línea, la administración demócrata colocó a NSO Group, principal competidor de Paragon, en la lista negra del Departamento de Comercio.
Paragon Solutions, actualmente bajo una matriz estadounidense, asegura que solo firma contratos con gobiernos democráticos y que cancela acuerdos si detecta un mal uso contra civiles.
No obstante, la compañía no reveló quiénes son sus clientes ni cómo controla el empleo de sus programas.
El regreso del espionaje digital en Estados Unidos bajo la administración republicana refleja la estrategia de Donald Trump de reforzar las políticas de seguridad interior y el control migratorio.
Según fuentes legislativas, el uso de Graphite estaría destinado a combatir delitos de tráfico humano, fraude y operaciones de carteles en la frontera, aunque sin un marco claro de supervisión externa.
ICE y el futuro del espionaje digital en Estados Unidos
El acceso de ICE a Graphite coloca a Estados Unidos en una posición delicada.
Por un lado, otorga una ventaja tecnológica para combatir redes criminales; por otro, expone al país a cuestionamientos sobre el respeto a la privacidad y al debido proceso.
Hasta ahora, la Casa Blanca no ha anunciado mecanismos independientes de auditoría para monitorear el uso de estas herramientas por parte de agencias federales.
Legisladores demócratas, entre ellos miembros del Comité Judicial de la Cámara de Representantes, han pedido explicaciones sobre los alcances del contrato y la falta de transparencia.
Mientras tanto, la industria tecnológica y los defensores de libertades civiles insisten en que la autorización federal crea un precedente peligroso.
“Si un software puede activarse en cualquier dispositivo y recopilar información privada, el límite entre seguridad y abuso se vuelve cada vez más difuso”, advirtió un comunicado conjunto de la Electronic Frontier Foundation y Access Now.
Este artículo fue publicado originalmente en Nueva News.
