Una madre guatemalteca y su recién nacida lograron evitar una deportación acelerada gracias a la presión de la comunidad, defensores de migrantes y la intervención directa de la gobernadora de Arizona.
La mujer, identificada como Erika, fue liberada de custodia federal apenas dos días después de dar a luz, en lo que se considera una de las primeras victorias humanitarias contra la política migratoria de línea dura impuesta por la administración Trump.
Custodiada tras dar a luz
Erika, de 24 años, cruzó el desierto de Arizona embarazada de ocho meses, tras caminar durante días huyendo de amenazas en su país.
Fue detenida por la Patrulla Fronteriza cerca de Tucson y trasladada al hospital Tucson Medical Center, donde el 30 de abril dio a luz a una niña.
Pero en lugar de recibir asistencia humanitaria, agentes de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP, por sus siglas en inglés) vigilaron su habitación y negaron el acceso a su abogado, Luis Campos, quien había sido contactado por la familia desde Guatemala.
Ni siquiera me dejaron hablar con ella por teléfono
Luis Campos, abogado
Protestas y presión política que funcionaron
La comunidad no se quedó callada.
Docenas de activistas protestaron frente al hospital exigiendo su liberación, mientras el caso se hacía viral en redes sociales.
La gobernadora de Arizona, Katie Hobbs, también alzó la voz y contactó a autoridades federales para expresar su preocupación.
Esa presión surtió efecto.
El sábado 3 de mayo, Erika fue liberada junto a su hija y trasladada a un albergue gestionado por una organización sin fines de lucro en Phoenix.
Allí podrá preparar su solicitud de asilo y enfrentar el proceso migratorio con apoyo legal.
Un caso que refleja una política migratoria más dura
Desde que Donald Trump retomó la presidencia en enero de 2025, ha reinstaurado medidas migratorias severas.
Ha eliminado programas como CBP One, ha reinstaurado las deportaciones exprés y busca eliminar el derecho a la ciudadanía por nacimiento.
En lo que va del año, solo nueve migrantes han sido admitidos en EEUU bajo excepciones médicas o humanitarias, según cifras oficiales.
Erika no tenía antecedentes criminales ni deportaciones previas, por lo que su perfil encaja como candidata para asilo.
Sin embargo, bajo las políticas actuales, su deportación parecía inminente.
DUna victoria para la comunidad
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El caso de la suspensión de la deportación de la migrante detenida en Arizona demuestra el poder de la organización comunitaria y el acceso a defensa legal.
Para miles de migrantes en situación vulnerable, contar con redes de apoyo y visibilidad mediática puede significar la diferencia entre la expulsión y una segunda oportunidad.
Su caso será ahora evaluado por un juez de inmigración, mientras defensores de derechos humanos siguen de cerca lo que podría ser un precedente legal importante en medio de una política migratoria cada vez más restrictiva.
Si tú o alguien que conoces está enfrentando una situación similar, busca ayuda legal de inmediato.
Existen organizaciones en todo el país que ofrecen apoyo gratuito o de bajo costo.
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