El gobierno de Estados Unidos, bajo la administración del presidente Donald Trump, ha aprobado nuevas exenciones ambientales para agilizar la construcción de aproximadamente 58 kilómetros de muro fronterizo en los estados de Arizona y Nuevo México. Estas exenciones permiten al Departamento de Seguridad Nacional (DHS) omitir varias leyes ambientales, como la Ley Nacional de Política Ambiental, que normalmente requieren estudios de impacto ecológico para proyectos de infraestructura.
Los tramos afectados se encuentran en los sectores de Yuma, Tucson y El Paso. Según la secretaria del DHS, Kristi Noem, estos proyectos buscan cerrar brechas críticas en la frontera y fortalecer la seguridad nacional.
Reducción significativa en detenciones
Entre enero y abril de 2025, las detenciones de migrantes en la frontera entre México y Estados Unidos han disminuido en un 86% en comparación con el mismo período del año anterior.
En abril de 2025, la Patrulla Fronteriza registró 12,035 detenciones, una cifra considerablemente menor a las registradas en meses anteriores.
Los tramos afectados se encuentran en los sectores de Yuma, Tucson y El Paso
Este descenso se atribuye a las políticas migratorias más estrictas implementadas desde el regreso de Trump a la presidencia en enero de 2025.
Incluyendo el despliegue de 1,500 militares adicionales en la frontera y la implementación de la Operación Safeguard.
Buscan detener y expulsar rápidamente a inmigrantes indocumentados en zonas urbanas de Estados Unidos.
Críticas por impacto ecológico y legal
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Las exenciones ambientales han generado críticas por parte de grupos ambientalistas, que las califican como un “desastre ecológico”.
Argumentan que la construcción del muro fronterizo sin los debidos estudios de impacto ambiental pone en riesgo ecosistemas frágiles en esta región.
Además, organizaciones de derechos civiles han expresado preocupación por las implicaciones legales de estas exenciones y las políticas migratorias más estrictas.
Señalan posibles violaciones a los derechos de los migrantes y a las leyes internacionales.
Este panorama refleja un cambio significativo en la política migratoria y de seguridad fronteriza de Estados Unidos en 2025.
Con medidas que han reducido notablemente las detenciones de migrantes, pero que también han generado controversias legales y ambientales.
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