La Corte Suprema de Estados Unidos decidió este miércoles 9 de julio no levantar el bloqueo temporal contra la ley SB 4-C de Florida, una de las legislaciones estatales más severas contra la inmigración indocumentada en el país. La ley, impulsada por el gobernador republicano Ron DeSantis, convierte en delito estatal la entrada de personas indocumentadas a Florida, incluso si provienen de otros estados.
Esta ley permitiría a las autoridades estatales detener y encarcelar a individuos por el simple hecho de haber ingresado sin autorización al país, aunque su estatus migratorio se hubiera regularizado después o no tuvieran antecedentes penales. Además, la SB 4-C contempla que esas personas sean mantenidas en prisión preventiva obligatoria, sin evaluar sus circunstancias individuales.
Petición rechazada del fiscal de Florida
En una decisión breve y sin comentarios, el alto tribunal federal rechazó la solicitud del fiscal general de Florida, James Uthmeier, quien pedía anular la orden de una corte federal inferior que mantiene suspendida la implementación de la SB 4-C.
El pedido fue presentado luego de que la jueza Kathleen M. Williams, de la Corte del Distrito Sur de Florida, declarara al fiscal en desacato por ignorar su orden del 18 de abril que congeló la entrada en vigor de la ley.
En su resolución original, la jueza Williams señaló que la legislación era “probablemente inconstitucional” por invadir competencias federales exclusivas en materia migratoria.
Por ello, emitió una orden judicial preliminar para frenar temporalmente su aplicación mientras continúa el litigio.
Demanda colectiva y argumentos legales
La SB 4-C fue aprobada por la legislatura estatal y firmada por DeSantis en febrero de 2025.
La norma ha generado una fuerte reacción entre organizaciones defensoras de los derechos de los migrantes.
De inmediato, la Coalición de Inmigrantes de Florida (FLIC), la Asociación de Trabajadores Agrícolas de Florida (FWAF) y varios individuos afectados, presentaron una demanda contra el estado.
Esto alegando que la ley viola la Constitución de EEUU, ya que solo el gobierno federal tiene autoridad para aplicar y regular la política migratoria.
Además de criminalizar a quienes cruzan sin autorización, la ley también exige que las autoridades locales cooperen de forma activa con el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE).
Ampliando de esta manera el alcance de detenciones sin que haya necesariamente procesos federales abiertos.
Implicaciones nacionales
Aunque la Corte Suprema aún no ha emitido una decisión definitiva sobre el fondo del caso, su negativa a intervenir por ahora permite que siga vigente el bloqueo a esta legislación.
Esto tiene repercusiones más allá de Florida, ya que otros estados liderados por gobernadores republicanos han mostrado interés en replicar leyes similares, bajo el argumento de que el gobierno federal ha fallado en asegurar la frontera y controlar la inmigración irregular.
La decisión del Supremo será crucial para definir hasta qué punto los estados pueden intervenir en temas migratorios, lo cual afecta directamente a millones de personas que viven o transitan por estos territorios.
Florida, epicentro de la tensión migratoria
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Florida es el hogar de más de 5 millones de personas nacidas en el extranjero, lo que representa aproximadamente una quinta parte de su población.
A pesar de este perfil diverso, el estado ha sido uno de los más activos en implementar políticas migratorias restrictivas.
Ron DeSantis ha consolidado su agenda conservadora aprobando leyes que fortalecen la colaboración con ICE y limitan el acceso de migrantes indocumentados a servicios y protecciones básicas.
Este nuevo capítulo legal se suma a un contexto ya tenso para la comunidad inmigrante, que enfrenta crecientes riesgos legales y sociales en varios estados del país.
La SB 4C permitiría a las autoridades estatales detener y encarcelar a individuos por el simple hecho de haber ingresado sin autorización al país
