El 17 de septiembre de 2025, el Congreso de EE.UU. aprobó la “Ley para Detener la Entrada Ilegal”, endureciendo las sanciones para migrantes que crucen la frontera sin autorización o reingresen tras una deportación.
Impulsada por la administración Trump, la medida busca reforzar la seguridad fronteriza. A continuación, los detalles de estas nuevas penas y su contexto.
Penas más severas
La nueva legislación eleva la pena máxima por entrada ilegal de dos a cinco años de prisión, según el texto aprobado con 226 votos a favor y 197 en contra.
Para quienes reingresen tras una deportación, las sanciones alcanzan hasta diez años de cárcel.
En casos de antecedentes por delitos graves, como violencia o narcotráfico, la condena puede llegar a 20 años, según el Departamento de Justicia.
En 2024, se procesaron 15,000 casos de reingreso ilegal, un 25% más que en 2023.
Impulso republicano
Por su parte, la congresista Stephanie Bice, republicana de Oklahoma, lideró la iniciativa, respaldada por todos los republicanos y 11 demócratas.
“Estas penas disuadirán la inmigración ilegal y protegerán nuestras fronteras”, afirmó Bice.
La ley refuerza la “Operación Recuperemos América”, que intensificó las deportaciones, con 66,463 en 2025, según ICE.
La administración Trump también desplegó 1,500 soldados adicionales en la frontera sur, según el Departamento de Defensa.
Contexto estatal
En consecuencia, estados como Texas han adoptado medidas similares.
La ley SB4, promulgada en 2023 y autorizada temporalmente en 2024, permite a autoridades locales emitir órdenes de deportación y criminaliza el ingreso ilegal con penas de hasta siete años, según el Texas Tribune.
En 2025, Texas reportó 3,131 arrestos por violaciones migratorias, un 40% más que el año anterior.
Críticos temen que estas leyes fomenten la discriminación racial.
Críticas de organizaciones
Por otro lado, la ACLU y el American Immigration Council han advertido que estas políticas podrían violar derechos humanos.
En 2024, el 60% de los detenidos por ICE no tenía antecedentes penales, según el Pew Research Center, lo que sugiere un impacto desproporcionado en comunidades migrantes.
La ACLU señaló que la SB4 y la nueva ley federal aumentan la vigilancia excesiva, afectando especialmente a latinos, quienes representan el 80% de las deportaciones.
Prohibición permanente
Pese a todo, reingresar ilegalmente tras una deportación implica una prohibición permanente de regresar a EE.UU., según la Embajada de EE.UU. en México.
La Patrulla Fronteriza procesa a los reincidentes con datos biométricos, asegurando identificación inmediata.
En 2025, el 90% de los reincidentes enfrentó cargos penales, según la Fiscalía del Distrito Central de California.
La plataforma CBP One ofrece una opción de autodeportación para evitar sanciones más graves, pero su uso es limitado.
Debate nacional
Además, estas medidas reflejan un giro restrictivo bajo el presidente Trump, quien ha priorizado la seguridad fronteriza.
En 2024, los delitos de odio contra migrantes aumentaron un 11%, según el FBI, lo que intensifica las críticas sobre el impacto social de estas políticas.
Mientras los republicanos defienden la necesidad de “orden público”, activistas argumentan que criminalizan a comunidades vulnerables, generando tensiones en ciudades fronterizas como El Paso y San Diego.
Recursos para la comunidad
Para más información, contacte a ICE al +1-866-347-2423 o a la ACLU al +1-212-549-2500.
Mientras las nuevas sanciones entran en vigor, los migrantes enfrentan un panorama más estricto, con penas que buscan disuadir el reingreso ilegal a toda costa.
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Este artículo fue publicado originalmente en Nueva News.
