Este 9 de julio de 2025, el director interino de ICE, Todd Lyons, emitió un memorando que modifica los tiempos y destinos de deportaciones. Ahora, en circunstancias urgentes, los inmigrantes podrían ser deportados a un “tercer país” —no necesariamente su país de origen— con tan solo seis horas de aviso, siempre y cuando hayan tenido la oportunidad de hablar con un abogado.
Hasta ahora, el procedimiento estándar preveía un mínimo de 24 horas de aviso, pero este tiempo podría reducirse significativamente bajo la nueva disposición. Los terceros países deben comprometerse a no perseguir ni torturar a la persona, aunque esas garantías pueden ser mínimas.
Fallo clave de la Corte Suprema
En junio de 2025, la Corte Suprema levantó una orden judicial previa que limitaba las deportaciones rápidas a terceros países.
La medida suspendió un fallo de un tribunal inferior que exigía procedimientos adicionales, como evaluaciones de temor creíble, plazos de aviso prolongados y revisión judicial.
Tras la decisión de la Corte (6-3), ya se han deportado al menos ocho inmigrantes a Sudán del Sur y se negocia con países africanos para aceptar deportaciones adicionales.
Ventajas y peligros del cambio
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Desde el Gobierno e ICE:
Argumentan que la medida permite expulsiones rápidas, eliminando a individuos que no deberían permanecer en EE.UU., incluidos criminales.
Ven la acción como una herramienta eficiente para gestionar deportaciones ante sistemas de asilo congestionados.
Desde defensores y abogados:
Alertan sobre el riesgo grave para los deportados, muchos de ellos llevados a países lejanos sin vínculos, sin idioma común o con riesgos de violencia.
Trina Realmuto, de la National Immigration Litigation Alliance, manifiesta: “Esta política está muy lejos de ofrecer las protecciones legales y de debido proceso que exige la ley”.
Voces como la de la jueza Sotomayor en la Corte Suprema advierten que esta política podría exponer a las personas al “riesgo de tortura o muerte” y menoscabar derechos constitucionales.
¿Qué implica para familias hispanas?
El procedimiento estándar preveía un mínimo de 24 horas de aviso
Educación legal: Estar informados sobre estas prácticas permite tomar decisiones más seguras y gestionar representación legal rápida.
Prioridad de urgencia: Con solo seis horas de aviso, es fundamental tener un abogado preparado de antemano en caso de recibir comunicación de ICE.
Riesgos reales: La comunidad debe conocer los peligros que los envíen a países desconocidos, sin vínculos ni idioma—situaciones que dificultan ajustes o protección.
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