El 7 de mayo de 2025, el juez federal Brian E. Murphy, del distrito de Massachusetts, reafirmó una orden judicial que prohíbe al gobierno de Estados Unidos las deportaciones de inmigrantes a terceros países, como Libia, sin brindarles la oportunidad de impugnar su expulsión en tribunales de inmigración.
Esta decisión responde a informes sobre planes de la administración Trump para deportar a migrantes a Libia, a pesar de las condiciones inhumanas y la inestabilidad en ese país.
Contexto de la Decisión Judicial
La orden judicial original, emitida por el juez Murphy en marzo de 2025, establece que el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) debe notificar por escrito a los inmigrantes con órdenes finales de deportación.
Así como otorgarles una “oportunidad significativa” para argumentar que enfrentarían persecución o tortura si se les envía un país distinto al de su nacionalidad.
Esta medida busca proteger los derechos humanos de los migrantes y garantizar el proceso legal.
Recientemente, abogados de inmigración presentaron una moción de emergencia al enterarse de que a varios migrantes detenidos en Texas, incluyendo personas de nacionalidades como Vietnam, Laos y Filipinas, se les informó de planes para deportarlos a Libia.
Según los informes, algunos detenidos fueron presionados para firmar documentos que autorizaban sus deportaciones a ese país.
Reacciones y Preocupaciones
Organizaciones de derechos humanos y defensores de inmigrantes han expresado su alarma ante estos planes.
Citan las condiciones peligrosas y la falta de garantías legales en Libia.
El Departamento de Estado de EE. UU. ha reconocido previamente que las prisiones en Libia presentan condiciones “duras y potencialmente mortales”.
Esta medida busca proteger los derechos humanos de los migrantes
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Ha desaconsejado a los ciudadanos estadounidenses viajar allí debido a la violencia y la inestabilidad política.
Además, tanto el Gobierno de Unidad Nacional de Libia como el Ejército Nacional Libio han rechazado la idea de aceptar deportados de Estados Unidos sin su consentimiento previo.
Argumentan que tal acción violaría la soberanía del país.
Implicaciones para los hispanos
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Para los inmigrantes hispanos en Estados Unidos, esta decisión judicial representa una protección adicional contra deportaciones a países donde podrían enfrentar riesgos significativos.
Es fundamental que los migrantes conozcan sus derechos y busquen asesoría legal si enfrentan procesos de deportación.
Especialmente cuando se trata de ser enviados a terceros países con condiciones inseguras.
La administración Trump ha intensificado sus políticas de deportación en 2025, con más de 152,000 personas deportadas hasta la fecha.
Sin embargo, las decisiones judiciales como la del juez Murphy subrayan la importancia de respetar los derechos legales y humanos de los inmigrantes, independientemente de su estatus migratorio.
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