Entre el 12 y el 15 de agosto de 2025, el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) ejecutó un operativo de cuatro días en Connecticut, logrando la detención de 65 inmigrantes indocumentados. La acción, llamada Operación Broken Trust, fue coordinada por la oficina de campo de Hartford y contó con la colaboración del FBI, la DEA, el Servicio de Alguaciles de EE.UU. y la Oficina de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos (ATF).
El objetivo principal fue detener a personas con historial criminal grave, miembros de pandillas transnacionales y buscados por órdenes internacionales.
29 detenidos con delitos graves en EE.UU.
De los arrestados del ICE, al menos 29 tenían antecedentes en Estados Unidos.
Esto incluye secuestro, agresiones, delitos sexuales, tráfico de drogas, violaciones a la ley de armas y violencia doméstica.
Otros tenían historial criminal en sus países de origen o eran miembros de pandillas internacionales como la MS-13.
Entre los casos más destacados figuran:
Efren Mauricio Guallpa-Shurshanay (Ecuador): condenado por agresión sexual en 2008.
Ruben Antonio Fuentes (El Salvador): con múltiples condenas por drogas, violencia contra menores y posesión de armas prohibidas.
Alexander Alberto Guerra-Ávila (Venezuela): arrestado por acoso, violencia doméstica y lesiones a un menor.
Jaime Timoteo González-Morán (Guatemala): con condenas por agresión sexual, amenazas y conducir bajo influencia de alcohol y drogas.
Miguel Coello-Farfán (Perú): acusado de agresión sexual contra un menor, aunque algunos cargos fueron reducidos en apelación.
Todos los detenidos permanecen bajo custodia de ICE en espera de procesos de deportación o resolución de sus casos.
Críticas a las leyes de “santuario”
El operativo volvió a encender la polémica sobre la Trust Act de Connecticut, una ley que limita la cooperación de policías locales con ICE.
En mayo de 2025, esta normativa fue ampliada, lo que restringe aún más que las autoridades estatales entreguen a inmigrantes detenidos, salvo en casos excepcionales.
El objetivo principal fue detener a personas con historial criminal grave
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La directora interina de ICE Boston, Patricia H. Hyde, criticó estas leyes, afirmando que “solo ponen en riesgo a las comunidades al liberar a ofensores criminales”.
Según Hyde, la operación demuestra que la cooperación federal es clave para retirar de las calles a personas peligrosas.
Impacto en la comunidad inmigrante
Mientras las autoridades federales celebraron el operativo como un éxito de seguridad, líderes comunitarios e inmigrantes denunciaron que estas acciones generan miedo, desconfianza y división en las comunidades latinas y migrantes del estado.
Organizaciones locales recordaron que muchos inmigrantes detenidos también tenían familias, trabajos y años de residencia en Connecticut.
Criticaron que las redadas se realizaron incluso en espacios cercanos a juzgados y comunidades, lo que, según ellos, socava la confianza en las instituciones.
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