A partir de julio de 2025, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) ha comenzado a enviar citaciones administrativas (subpoenas) a propietarios para que entreguen datos de sus inquilinos: contratos de arrendamiento, solicitudes, identificaciones y nombres de convivientes Estas citaciones, emitidas por la unidad antifraude de USCIS, no están firmadas por un juez, pero amenazan con sanciones si no se cumple.
Abogados en Atlanta y Massachusetts han denunciado este nuevo enfoque: el letrado Eric Teusink confirmó haber recibido varias citaciones, y Jordana Roubicek Greenman reportó llamadas y mensajes a arrendadores pidiendo información de inquilinos.
¿Por qué preocupa?
La ACLU (Unión Estadounidense por las Libertades Civiles) y defensores de derechos civiles advierten que estas solicitudes no son vinculantes sin orden judicial.
Pero los caseros podrían sentirse obligados por la intimidación.
Estas citaciones no están firmadas por un juez
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Bill Holston, del Centro de Defensa contra los Desalojos en Dallas, señala que esto agravará la discriminación por origen nacional.
Llevando a algunos arrendadores a rechazar inquilinos o cobrar tarifas adicionales.
Además, se advierte que la presión del DHS busca crear “un clima de miedo” que incentive la autodeportación de migrantes indocumentados.
Arrendadores e inquilinos
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Arrendadores: Revisar con detalle cualquier citación, consultar a un abogado y no compartir datos si no hay orden judicial.
Inquilinos: Están amparados por derechos de privacidad y antidiscriminación.
Deben documentar cualquier solicitud y buscar asesoría legal o denunciar ante la ACLU (Unión Estadounidense por las Libertades Civiles).
Grupos de apoyo: Organizaciones comunitarias ofrecen orientación para proteger a inquilinos vulnerables ante las presiones del DHS.
A manera de conclusión
Esta maniobra del DHS, sin respaldo judicial, representa una amenaza real al derecho a la privacidad de los inquilinos y facilita prácticas discriminatorias.
Caseros e inquilinos deben conocer sus derechos y buscar asesoría legal para evitar abuso y proteger a las comunidades migrantes.
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