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martes, Mar 17, 2026
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EE. UU. pone fin a la extensión automática de permisos de trabajo para ciertos migrantes

Esta decisión podría tener consecuencias inmediatas para cientos de hispanos en EE.UU.

FOTO: Shutterstock

El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) anunció este miércoles el fin de la extensión automática de los permisos de empleo para determinados grupos de inmigrantes, una medida que revierte una política vigente desde la administración anterior y que buscaba aliviar los retrasos en el procesamiento de solicitudes.

A partir del 30 de octubre de 2025, los inmigrantes que soliciten la renovación de su permiso de trabajo ya no recibirán una extensión automática mientras se procesa su solicitud, informó el DHS en un comunicado oficial. La decisión forma parte de una orden ejecutiva del presidente Donald Trump, cuyo objetivo declarado es reforzar la verificación de antecedentes y el control migratorio de quienes buscan autorización para trabajar en Estados Unidos.

Un cambio que pone fin a la política de alivio creada en 2024


Durante la administración de Joe Biden, el gobierno había ampliado en 2024 el periodo de extensión automática de los permisos de empleo de 180 a 540 días, medida que buscaba evitar la pérdida de empleo de miles de inmigrantes legalmente autorizados mientras esperaban la renovación de su documento.

En aquel momento, el Servicio de Ciudadanía e Inmigración (USCIS) enfrentaba un récord de solicitudes, con demoras de hasta seis meses en algunos casos.

Esa política permitía a los empleadores mantener a sus trabajadores sin interrupciones y reducía el riesgo de despidos injustificados por retrasos administrativos.

Con la nueva norma, cualquier persona que solicite una renovación después del 30 de octubre deberá esperar la aprobación formal del USCIS antes de continuar trabajando legalmente, salvo contadas excepciones contempladas en la ley o en avisos publicados en el Registro Federal.

Excepciones limitadas en permisos de trabajo

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El DHS aclaró que ciertas categorías, como beneficiarios del Estatus de Protección Temporal (TPS) de países con designaciones vigentes, podrían mantener extensiones específicas anunciadas de forma pública por el gobierno.

Sin embargo, fuera de esas excepciones, la política general de extensión automática quedará totalmente eliminada.

Según el director del USCIS, Joseph Edlow, la medida busca “dar prioridad a la seguridad nacional y la integridad del sistema migratorio” por encima de la conveniencia administrativa.

“El USCIS está poniendo un renovado énfasis en la verificación exhaustiva de antecedentes, eliminando políticas que priorizaban la conveniencia de los extranjeros sobre la seguridad de los estadounidenses”, señaló.

El gobierno también argumenta que esta decisión permitirá identificar con mayor frecuencia a personas con antecedentes penales o que podrían ser sujetas a deportación antes de que obtengan o renueven un permiso de empleo.

Posibles impactos para inmigrantes y empleadores

Para los inmigrantes que viven y trabajan legalmente en Estados Unidos, esta decisión podría tener consecuencias inmediatas.

Sin la extensión automática, quienes enfrenten demoras en la aprobación de su renovación corren el riesgo de perder temporalmente su trabajo o su ingreso hasta recibir el nuevo documento.

Organizaciones defensoras de los derechos de los migrantes y abogados de inmigración advierten que la medida podría agravar la inestabilidad laboral de miles de familias hispanas que dependen de esos permisos para mantener sus empleos.

Además, los empleadores podrían enfrentar interrupciones en sus operaciones si no pueden retener legalmente a trabajadores que están al día con su solicitud pero sin aprobación final.

Los inmigrantes que planeen renovar su permiso de trabajo deben presentar su solicitud con la mayor anticipación posible.

Además, deben verificar si su categoría es elegible para alguna extensión específica y consultar fuentes oficiales del USCIS para confirmar los tiempos de procesamiento actualizados.

La eliminación de la extensión automática marca un nuevo giro en la política migratoria bajo la administración Trump, que busca ejercer un control más estricto sobre los procesos de inmigración y trabajo, incluso para aquellos con estatus legal temporal.

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