El actor mexicano Pablo Lyle (38 años) enfrenta una nueva batalla legal: una demanda civil por daños y perjuicios tras haber sido sentenciado en 2023.
El actor fue sentenciado a cinco años de prisión, más ocho años de libertad condicional, por el homicidio involuntario de Juan Ricardo Hernández, en un incidente de tránsito ocurrido en marzo de 2019 en Miami, Florida.
Nueva demanda a Pablo Lyle
La familia del fallecido, representada por su hijo, interpuso una demanda civil en 2024 para exigir una indemnización de entre 1 y 5 millones de dólares, es decir, más de 90 millones de pesos mexicanos.
La reclamación incluye:
Gastos funerarios.
Atención psicológica para la viuda y la familia.
Pérdida de ingresos debido al fallecimiento del sostén del hogar.
Esta acción civil se llevará a cabo en paralelo al proceso penal, sin representar nuevos cargos criminales, pero con consecuencias económicas significativas para el actor.
Próxima audiencia y obstáculos legales
La primera audiencia estaba prevista en junio de 2025, pero fue pospuesta debido a que Lyle no contaba con representación legal y al abandono del caso por parte del abogado de la familia Hernández.
La nueva fecha ha sido programada para el 31 de julio en Miami, donde se evaluará la existencia de los daños alegados y la capacidad económica de Lyle para responder a ellos.
¿Cuándo saldrá de prisión?
Según la ley de Florida, Lyle podría quedar en libertad condicional en diciembre de 2026, si mantiene buena conducta y cumple el 85 % de su sentencia, lo que equivale a aproximadamente cuatro años y medio.
La audiencia civil, no obstante, podría seguir activa incluso después de su salida, prolongando el impacto en su vida profesional y financiera.
Pablo Lyle encara una etapa decisiva en su vida: saldrá de prisión en 2026, pero tendrá que enfrentar un litigio civil potencialmente ruinoso.
La demanda de más de 90 millones de pesos podría marcar su futuro económico y empañar cualquier intento de reinserción en la industria del entretenimiento.
En medio del proceso legal que lo tiene en la cárcel, Pablo Lyle también enfrentó un divorcio con su ex pareja Ana Araujo
Impacto del caso en los latinos
This case has a special impact on Hispanic readers in cities such as Miami, Los Angeles, Houston and Chicago, where large Latino communities reside:
Legal liability: even after serving a criminal sentence, there may be a civil claim for substantial compensation.
Financial fragility: with no active income and a criminal record, the P90 million requirement represents a potentially unaffordable burden.
Cross-border media coverage: the Lyle case has generated media attention on both sides of the border, highlighting how Latino figures must face legal consequences in the U.S.
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