En julio de 2025, el Departamento de Justicia de EE.UU. anunció el arresto de cinco personas en Luisiana, incluyendo tres actuales o ex jefes de policía —Chad Doyle (Oakdale), Glynn Dixon (Forest Hill) y Tebo Onishea (Glenmora)— junto al alguacil Michael Slaney y el empresario Chandrakant “Lala” Patel.
Están acusados de conspirar para defraudar el programa de visas U mediante la elaboración de informes policiales falsos por robos armados que nunca ocurrieron, a cambio de pagos de hasta USD 5 000 por caso.
¿Cómo operaba el esquema?
Según la acusación, entre 2015 y 2024 los implicados recibían pagos para presentar informes que identificaban a inmigrantes como víctimas de robos armados inexistentes.
Se presentaron “cientos” de nombres en estos reportes falsos, con la intención de que los migrantes obtuvieran visas U, diseñadas para víctimas de crímenes que ayudan a la justicia.
El fiscal Alexander Van Hook explicó que estas visas permiten trabajar y luego solicitar residencia permanente.
Consecuencias legales
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Los acusados enfrentan una acusación de 62 cargos, que incluyen conspiración para cometer fraude, soborno, fraude postal y lavado de dinero.
Las penas pueden alcanzar hasta 20 años de prisión y multas de hasta USD 250 000 por cargo.
En el momento del anuncio, solo Patel permanecía detenido; los demás enfrentan procesos judiciales activos.
Este caso representa una señal de alarma sobre cómo se puede abusar del sistema de visas U.
Se creó en el año 2000 para proteger a víctimas reales de delitos como violencia doméstica, secuestro o agresiones sexuales.
Informes del DHS y Human Rights Watch han indicado vulnerabilidades en el programa, pero esta acusación resalta un uso corrupto a gran escala.
Reacción de la comunidad
Las autoridades federales insistieron en que este no es un caso de corrupción generalizada en los cuerpos policiales, sino el actuar de individuos corruptos.
Se presentaron 'cientos' de nombres en estos reportes falsos
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El fiscal Van Hook afirmó: “esperamos que los oficiales de ley protejan al público, no vendan esa confianza”.
Este caso subraya la importancia de mantener la integridad en los sistemas que protegen a víctimas migrantes y promueven la justicia comunitaria.
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