Una decisión judicial en Estados Unidos representa un respiro momentáneo y crucial para miles de migrantes venezolanos que estaban a punto de perder su derecho a trabajar y permanecer legalmente en el país.
El fallo, emitido por una corte federal en California, frena por ahora los planes de la administración del presidente Donald Trump de anular los permisos de trabajo y otros documentos legales de aproximadamente 5,000 venezolanos amparados por el Estatus de Protección Temporal (TPS), una medida que hubiese dejado a muchas familias al borde del desempleo o incluso en riesgo de deportación.
La justicia interviene contra la cancelación del TPS
El juez federal Edward Chen, con sede en San Francisco, bloqueó este 31 de mayo el intento de la administración de Trump de invalidar documentos legales emitidos bajo el Estatus de Protección Temporal (TPS) a aproximadamente 5,000 venezolanos.
En su fallo, el magistrado concluyó que la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, excedió su autoridad al intentar revocar unilateralmente los permisos que otorgan derecho a trabajar y residir legalmente en Estados Unidos.
Estos documentos fueron otorgados a finales de 2024 durante el mandato del presidente Joe Biden, cuando su gobierno extendió el TPS para los venezolanos hasta octubre de 2026, en respuesta a la grave crisis humanitaria y política que afecta a Venezuela.
El contexto: la ofensiva migratoria de Trump
La decisión judicial llega pocos días después de que el Tribunal Supremo de EEUU autorizara a la administración de Trump a revocar el TPS para más de 350,000 venezolanos.
Aunque la máxima instancia judicial dio luz verde al fin del programa, también especificó que los beneficiarios podían seguir impugnando acciones individuales, como la invalidación de sus documentos legales ya emitidos.
Eso es precisamente lo que ocurrió en este caso.
Varios migrantes y la organización National TPS Alliance acudieron a la corte para evitar que se hiciera efectiva la cancelación de documentos que permiten a los beneficiarios conservar sus empleos, mantener su estabilidad migratoria y evitar procesos de deportación.
Un fallo con impacto limitado, pero significativo
En su resolución, el juez Chen destacó que el fallo afecta directamente a unos 5,000 venezolanos, es decir, a aquellos que ya habían recibido documentación legal bajo el TPS ampliado por Biden.
Aunque la cifra es pequeña comparada con los más de 350,000 beneficiarios totales del programa, el precedente legal es importante, ya que refuerza el derecho de los migrantes a apelar medidas administrativas que afecten su estatus legal sin una revisión adecuada.
Además, para las personas directamente involucradas, la medida significa conservar su fuente de ingreso, su estabilidad familiar y su presencia legal en el país.
¿Qué sigue para los migrantes venezolanos?
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Aunque el fallo representa una victoria temporal, la situación migratoria de los venezolanos en Estados Unidos sigue siendo incierta.
El gobierno de Trump ha reiterado su compromiso de expulsar a millones de inmigrantes indocumentados y de revertir políticas migratorias permisivas implementadas bajo administraciones anteriores.
En medio de este panorama, organizaciones pro migrantes continúan trabajando para proteger los derechos de los beneficiarios del TPS y presionar por soluciones legislativas permanentes que garanticen una vía de legalización para quienes han construido una vida en EEUU.
El fallo frena por ahora los planes de la administración del presidente Donald Trump de anular los permisos de trabajo y otros documentos legales de aproximadamente 5,000 venezolanos amparados por el Estatus de Protección Temporal
