Bajo la administración de Donald Trump, la Patrulla Fronteriza (U.S. Border Patrol) ha ampliado significativamente sus operativos para detener inmigrantes mucho más allá de la frontera sur, operando en ciudades como Los Ángeles, Nueva York, Sacramento y Ventura (California), en espacios públicos como tribunales, parques y centros comerciales.
Una ley aprobada en 1946 y reglamentos posteriores permiten que agentes de la Patrulla Fronteriza actúen dentro de un radio de hasta 160 km (100 millas) desde cualquier frontera, incluyendo costas.
Jurisdicción legal de la Patrulla Fronteriza
La franja abarca ciudades densamente pobladas en todo EE. UU. donde pueden realizar arrestos y registros sin orden judicial.
Históricamente, la agencia operaba cerca de la frontera entre EE. UU. y México, principalmente con funciones de vigilancia, control frente a narcotráfico, trata humana y cruce ilegal.
Ahora, con cruces fronterizos en mínimos históricos, la estrategia se ha desplazado al interior del país.
El jefe regional en Los Ángeles, Gregory Bovino, afirmó después de una redada en MacArthur Park que estas tácticas serán recurrentes en distritos urbanos: “Iremos donde queramos, cuando queramos, en Los Ángeles”.
La alcaldesa Karen Bass denunció el operativo como un «espectáculo político» y lo calificó de inconstitucional, al ver agentes armados, vehículos blindados y caballería federal operando en un parque público.
Críticas legales y riesgos humanitarios
Expertos legales como César Cuauhtémoc García Hernández (Universidad Estatal de Ohio) advierten que estas tácticas urbanas trasladan “técnicas agresivas” de la zona fronteriza constitucionalmente flexible al resto del país, impactando comunidades civiles sin sospecha razonable.
El ex jefe de CBP, Gil Kerlikowske, cuestiona si este despliegue de agentes urbanos desvía recursos de investigaciones contra el crimen organizado o trata de personas.
Su ausencia en la frontera puede debilitar la colaboración con agencias locales.
Operativos recientes en ciudades principales
En MacArthur Park, Los Ángeles, hubo redadas con agentes fuertemente armados y presencia militar, reubicando a niños de camps de verano y personas sin hogar.
En Nueva York, agentes detuvieron inmigrantes en tribunales y comunicaciones públicas, incluyendo a residentes con documentos legales.
En Ventura y Sacramento, se ejecutaron redadas masivas en negocios y espacios comunitarios bajo la misma autoridad ampliada.
La Patrulla Fronteriza ha incrementado aun más sus operativos y detenciones contra los indocumentados
La Migra y sus advertencias
Vulnerabilidad frente a arrestos sin causa: personas pueden ser detenidas sin sospecha directa de delito, incluso en ciudades lejanas a la frontera.
Inseguridad jurídica: aumentan los riesgos de detención de residentes legales o ciudadanos que no superan la prueba de presencia continua.
Desconcierto comunal: en ciudades santuario como Los Ángeles, estos operativos alteran la confianza entre comunidades latinas y autoridades.
Necesidad de apoyo legal: subraya la importancia de defender derechos, conocer recursos legales y buscar asesoría ante arrestos interiores.
La administración de Trump amplió el radio operativo de la Patrulla Fronteriza dentro de EE. UU., con agentes arrestando inmigrantes en zonas urbanas bien alejadas de la frontera, amparados por una ley de 1946.
Expertos legales y defensores alertan sobre la erosión de libertades civiles y el desvío de recursos críticos.
Para la comunidad hispana en EE. UU., este enfoque representa un cambio profundo en la política de inmigración, con impacto directo en la seguridad, derechos y cohesión comunitaria.
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