Un tribunal federal en Arizona ha frenado temporalmente los planes del Gobierno de Donald Trump para la deportación de decenas de niños migrantes guatemaltecos y hondureños, que llegaron solos a Estados Unidos y actualmente se encuentran en albergues o en hogares temporales.
La decisión fue tomada por la jueza federal Rosemary Márquez en Tucson, Arizona, quien extendió hasta el 26 de septiembre una orden de restricción temporal que impide las deportaciones mientras el caso sigue en revisión.
Deportación de niños guatemaltecos y hondureños
Los menores, representados por el Florence Immigrant & Refugee Rights Project, tienen entre tres y 17 años, y han expresado su temor de ser devueltos a sus países de origen, donde enfrentan riesgos como el abandono, la trata de personas o enfermedades sin tratamiento adecuado.
Los abogados de los niños señalan que el Gobierno no ha demostrado haber contactado a los padres o tutores legales en Guatemala o Honduras, ni ha ofrecido garantías sobre su bienestar al regresar.
“Muchos de estos niños han dicho que no quieren regresar y que temen por su seguridad.
“El gobierno no está siguiendo las leyes diseñadas para proteger a menores migrantes”, alertó Laura Belous, abogada de la organización.
¿Qué busca el Gobierno de Trump?
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El Departamento de Justicia, bajo la administración Trump, asegura que su intención es “reunificar a los menores con sus familias”, tras recibir supuestas solicitudes del gobierno guatemalteco para facilitar estos retornos.
Sin embargo, la jueza Márquez criticó duramente el proceso, calificándolo de “alarmante” por la falta de coordinación con los padres y la notificación tardía a los abogados, muchas veces en horas de la noche.
También cuestionó que funcionarios del Departamento de Salud y Servicios Humanos (HHS, por sus siglas en inglés), a través de la Oficina de Reasentamiento de Refugiados, estén tomando decisiones que, por ley, corresponden a jueces de inmigración con experiencia.
¿Dónde están los niños ahora?
La mayoría de los menores están alojados en refugios ubicados en las áreas de Phoenix y Tucson, bajo custodia del Gobierno federal.
Existen demandas similares en Illinois y Washington D.C., buscando impedir también las deportaciones inmediatas sin el debido proceso.
El caso en Arizona fue inicialmente presentado en agosto en nombre de 57 niños guatemaltecos.
Desde entonces, se han sumado 12 niños hondureños y cuatro guatemaltecos adicionales que fueron detenidos posteriormente.
Una ley federal de 2008 establece que todos los niños no acompañados, excepto aquellos de México o Canadá, tienen derecho a presentar su caso ante un juez de inmigración, acceder a asistencia legal y permanecer en el entorno menos restrictivo posible durante el proceso.
El fallo de la jueza Márquez podría sentar un precedente importante para otros estados y resaltar la obligación del Gobierno de EE.UU. de respetar los derechos fundamentales de los niños migrantes.
Muchos de estos niños han dicho que no quieren regresar y que temen por su seguridad
Abogada Laura Belous
