Una coalición de organizaciones defensoras de los derechos de los inmigrantes ha presentado una demanda federal contra el estado de Florida por la ley SB 4C, promulgada por el gobernador Ron DeSantis, que criminaliza el ingreso o reingreso al estado de personas indocumentadas, incluso si están solicitando asilo o tienen procesos migratorios pendientes.
La ACLU de Florida, junto con el Proyecto de Derechos de los Inmigrantes de la ACLU y Americans for Immigrant Justice, argumentan que esta ley viola la Cláusula de Supremacía de la Constitución de EE.UU., ya que la regulación migratoria es una responsabilidad exclusiva del gobierno federal.
¿Qué establece esta ley?
La ley SB 4C, que entró en vigor el 13 de febrero de 2025, impone sanciones penales automáticas para cualquier persona mayor de 18 años que ingrese o reingrese al estado de Florida sabiendo que no tiene autorización migratoria.
Esta medida afecta incluso a personas con solicitudes activas de asilo, estatus de protección temporal (TPS) o con familiares ciudadanos estadounidenses.
Esta ley viola la Cláusula de Supremacía de la Constitución de EE.UU.
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Según la legislación, cualquier individuo en esa situación podría enfrentar encarcelamiento obligatorio.
Esto ha encendido las alarmas en comunidades inmigrantes, especialmente entre los hispanos que viven y trabajan en Florida.
“Es una ley cruel…”
“Esta ley (SB 4C) despoja de poder al gobierno federal y se lo otorga a autoridades estatales sin capacitación ni jurisdicción en inmigración”, declaró Bacardi Jackson, directora ejecutiva de la ACLU de Florida.
“Amenaza con separar familias y detener a personas que tienen todo el derecho legal de estar aquí”.
La demanda fue presentada en nombre de organizaciones comunitarias como la Asociación de Trabajadores Agrícolas de Florida y la Coalición de Inmigrantes de Florida.
Así como inmigrantes con procesos pendientes o vínculos familiares con ciudadanos estadounidenses.
Los demandantes piden a la corte federal que bloquee la implementación de la ley SB 4C para evitar “una mayor devastación en las comunidades inmigrantes”.
Hannah Steinberg, abogada del Proyecto de Derechos de los Inmigrantes de la ACLU, subrayó que la ley no solo es injusta, sino peligrosa, ya que puede criminalizar a personas en busca de protección legal.
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