Este 23 de julio de 2025, la Justicia estadounidense emitió dos fallos clave en favor de Kilmar Ábrego García, un salvadoreño que fue deportado “por error” y más tarde devuelto a EE.UU. para enfrentar cargos. Los tribunales ordenaron su liberación condicional y prohibieron su detención inmediata por parte de ICE tras salir de prisión.
En Nashville, el juez distrital Waverly Crenshaw determinó que el Gobierno no demostró que Ábrego García fuera peligro para la comunidad ni un riesgo de fuga, por lo que debía quedar libre bajo fianza. Sin embargo, ante recursos del Gobierno, una jueza federal en Tennessee pospuso temporalmente su liberación por 30 días, a pedido de la defensa. En paralelo, en Maryland, la jueza Paula Xinis dictaminó que ICE no puede detenerlo “inmediatamente” después de su excarcelación y debe dar 72 horas de aviso previo a cualquier intento de deportación, garantizando así sus derechos legales y protección procesal.
Un caso paradigmático
Relacionado
Kilmar Ábrego García fue deportado el 15 de marzo a El Salvador pese a contar con una protección judicial desde 2019.
Esto le impedía ser enviado a su país natal, al temer ser víctima de pandillas.
La Corte Suprema confirmó que se trató de un “error administrativo” y ordenó su regreso a EE.UU.
Tras su retorno en junio, enfrentó un proceso criminal en Tennessee por presunto tráfico de personas, pero siempre mantuvo su inocencia y negó cualquier vínculo con MS‑13.
El caso ha generado enorme atención mediática y política, acusándose al gobierno de Trump de abuso de autoridad, privación de debido proceso y “desaparición forzada” al enviarlo a una prisión salvadoreña sin juicio ni notificación previa.
Activistas y expertos en derechos humanos han calificado la deportación de Ábrego García como emblemática de fallas sistémicas en las políticas migratorias actuales.
Protección ante abusos migratorios de ICE
Los tribunales ordenaron su liberación condicional
QuéOnnda.com
1. Precedente legal: establece límites judiciales al poder de ICE sobre excarcelaciones.
2. Derechos garantizados: asegura notificación previa y acceso a defensa legal.
3. Visibilidad del abuso: su caso revela riesgos para inmigrantes legales o con protecciones vigentes.
Para más información, visita QuéOnnda.com
