Un acuerdo firmado entre los Centers for Medicare and Medicaid Services (CMS) y el Department of Homeland Security (DHS) permite que la oficina de Immigration and Customs Enforcement (ICE) acceda a registros personales de los 79 millones de inscritos en Medicaid en EEUU, a partir de este jueves 17 de julio.
Esto incluye nombre, dirección, fecha de nacimiento, número de Seguro Social, raza y etnicidad, con el fin de ubicar a “extranjeros” que podrían estar viviendo ilegalmente en el país . Aunque ICE no puede descargar los datos, puede consultarlos en línea de lunes a viernes entre las 9 a.m. y las 5 p.m., hasta el 9 de septiembre.
¿Por qué es controversial?
Este acceso masivo ha generado preocupación entre defensores de la salud pública y la privacidad.
Muchos inscritos en Medicaid, incluidos inmigrantes con residencia legal o no, utilizan este programa principalmente para atención de emergencia.
Compartir su información con ICE podría disuadirlos de buscar atención médica cuando sea necesario.
Según exasesores del CMS, “es inverosímil que CMS violara la confianza de los beneficiarios de Medicaid de esta manera” .
Acciones legales y oposición estatal
El acceso a esta información provocó una reacción inmediata.
Legisladores como el senador Adam Schiff (demócrata por California) calificaron el intercambio como “una violación masiva de nuestras leyes de privacidad”, que podría llevar a muchas personas a evitar servicios sanitarios esenciales.
Hasta 20 estados liderados por gobernadores demócratas (California, Nueva York, Washington, Oregón, Illinois, Minnesota y Colorado) presentaron demandas alegando que este acuerdo viola leyes federales de privacidad médica.
Justificación del gobierno y debate legal
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El gobierno del presidente Trump defendió la medida como una estrategia para reducir el gasto en Medicaid y evitar fraudes.
Funcionarios de CMS y HHS afirmaron que DHS utilizará los datos “para garantizar que los beneficios de Medicaid sean reservados para quienes tienen derecho legal a ellos”.
Sin embargo, revelaciones internas muestran dudas sobre la legalidad de compartir los datos, incluso con llamadas urgentes a detener el acuerdo.
Esta política puede generar efectos negativos en la comunidad inmigrante, provocando miedo y desconfianza hacia servicios médicos, escuelas y comunidades.
Podría afectar tanto a indocumentados como a inmigrantes legales que dependen de Medicaid para atención de emergencia.
También abre un precedente preocupante sobre hasta qué punto el gobierno puede usar datos de salud para perseguir fines migratorios y de seguridad.
Es una violación masiva de nuestras leyes de privacidad
senador Adam Schiff
