El exfutbolista Omar Bravo, exgoleador histórico de las Chivas de Guadalajara, ha sido retirado de su función como embajador oficial de la ciudad de Guadalajara para la Copa Mundial de la FIFA 2026, luego de que fuera vinculado a proceso por el presunto delito de abuso sexual infantil.
La audiencia judicial se realizó el pasado 10 de octubre, tras la cual un juez dictó prisión preventiva de seis meses mientras avanza el caso. Este proceso legal fue el motivo que las autoridades utilizaron para apartar a Omar Bravo del rol de imagen, según declaraciones de Juan José Frangie, presidente municipal de Zapopan y miembro clave del comité organizador. Frangie indicó que “el proceso legal condiciona su participación” en actividades promocionales del Mundial.
Lorena Ochoa asume protagonismo
El proceso legal condiciona su participación
Juan José Frangie
En un cambio inesperado, el Gobierno de Jalisco y la Federación Mexicana de Fútbol anunciaron a Lorena Ochoa, exgolfista de renombre internacional, como la nueva embajadora de Guadalajara para la sede mundialista (en lugar de Omar Bravo).
Durante un evento oficial en Casa Jalisco, Ochoa aseguró sentirse honrada por el nombramiento y comprometida con representar una imagen “irreprochable” para la ciudad anfitriona.
El nombramiento de Ochoa responde al interés de las autoridades de reforzar la credibilidad institucional de la ciudad en un contexto donde la preparación del Mundial cobra relevancia.
El comité organizador busca que Guadalajara destaque por su infraestructura, seguridad, turismo y responsabilidad social.
Implicaciones para Guadalajara y México
Guadalajara es una de las tres sedes confirmadas en México, junto con Ciudad de México y Monterrey.
La ciudad aspira a dejar una huella positiva en cuanto a organización.
Así como legado urbano y proyección internacional —y la selección de sus embajadores es parte central de esa estrategia.
El caso de Omar Bravo pone el foco en cómo los organizadores de eventos deportivos de gran escala gestionan la imagen pública y la ética de sus figuras representativas.
La decisión marca un precedente en México sobre cómo reaccionar ante acusaciones graves contra personas que representan oficialmente un país o ciudad ante el mundo.
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