La comunidad del noreste de San Antonio, Texas, está conmocionada tras conocerse los detalles de un presunto caso de abuso infantil que terminó con la muerte de Michael Miranda, un niño de 10 años, el pasado 24 de septiembre en una vivienda de Cielo Ranch.
Hallazgos del forense en cuerpo de Michael Miranda
SAN ANTONIO — A San Antonio couple accused of hitting, potentially starving and keeping their adopted child in a laundry room for a year was arrested Wednesday, a week after police say the boy was found dead in their northeast-side home.
Jonathan and Christina Miranda – 34 and… pic.twitter.com/1s1lacuJD2— Qᴀɢɢ.ɴᴇᴡꜱ (@qaggnews) October 2, 2025
Según la orden de arresto en contra de Jonathan Miranda, de 34 años, y Christina Miranda, de 32, la autopsia reveló múltiples signos de abuso físico y negligencia severa:
Costillas rotas en distintas etapas de curación.
Lesiones en ambas piernas y un brazo dislocado.
Golpes en distintas partes del cuerpo y una laceración intestinal.
Evidencia de desnutrición y confinamiento prolongado en una lavandería.
Investigación policial
Vecinos declararon que Michael Miranda era víctima de abusos constantes y que rara vez se le veía jugar con sus hermanos.
Fueron ellos quienes grabaron la llegada de patrullas y describieron la conmoción al ver salir una pequeña bolsa mortuoria de la casa.
Michael Miranda fue hallado inconsciente en el interior de la vivienda y declarado muerto poco después.
Tras una semana de indagaciones, la policía arrestó a sus padres, Jonathan Miranda y Christina Miranda, acusados de asesinato capital.
Reacción de la comunidad
Vecinos colocaron velas y flores en el exterior de la vivienda en memoria del menor.
Algunos expresaron tristeza y desconcierto, ya que nunca notaron la presencia de Michael Miranda entre los demás niños de la familia.
El abogado de los padres, Joseph Hoelscher, rechazó las acusaciones y afirmó que Michael ya sufría problemas de salud física y mental derivados de abusos previos antes de llegar con los Miranda.
Además, acusó a la policía de realizar un arresto “violento y apresurado” y de interferir en la investigación de Child Protective Services (CPS).
El caso se produce en un estado como Texas, donde los delitos de asesinato capital relacionados con menores pueden conllevar cadena perpetua o pena de muerte.
Las autoridades aún investigan la situación de los otros cuatro niños que vivían en la casa, aunque no se reportan signos de maltrato hacia ellos
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