En un movimiento que muchos activistas califican como «quirúrgico», el Gobierno de Donald Trump ha comenzado a desmantelar en silencio una de las herramientas más antiguas y vitales para la comunidad migrante: el Programa de Reconocimiento y Acreditación (R&A). Según reveló una investigación de CBS News, la administración ha dejado esta oficina prácticamente inoperante, poniendo en jaque la representación legal de miles de personas de bajos recursos.
Este programa, que tiene más de 60 años de trayectoria bajo el ala del Departamento de Justicia, permitía que trabajadores capacitados de organizaciones comunitarias (que no necesariamente son abogados) asistieran a inmigrantes indigentes en trámites complejos. El objetivo siempre fue claro: garantizar que nadie fuera deportado simplemente por no tener dinero para pagar un bufete privado.
El «vaciamiento» de las oficinas
Fuentes cercanas al caso informaron que la semana pasada, los abogados clave asignados a este programa fueron transferidos de forma repentina a los tribunales de Inmigración.
¿El resultado? La oficina quedó reducida a solo dos personas de apoyo que no tienen autoridad legal para otorgar nuevas acreditaciones.
«Están dejando morir el programa por inanición administrativa», comentan expertos legales.
Bajo esta iniciativa de la Oficina Ejecutiva de Revisión de Inmigración (EOIR), organizaciones como Catholic Charities y Jewish Family Services habían logrado acreditar a más de 2,600 defensores comunitarios.
Hoy, ese ejército de ayuda legal está en el limbo.
¿Estrategia o burocracia?
Aunque un funcionario del Gobierno Trump negó a la cadena televisiva que el programa vaya a ser abolido formalmente —ya que está establecido por vía reglamentaria—, los hechos dicen lo contrario.
Al quitar al personal que firma las acreditaciones, el flujo de nuevos defensores se detiene en seco, dejando a los extranjeros con trámites pendientes totalmente desprotegidos ante un sistema cada vez más agresivo.
Esta medida se suma a una larga lista de restricciones impuestas desde la Casa Blanca para dificultar que los inmigrantes logren avanzar con éxito en sus procesos legales.
Para muchos, este es el golpe final al «debido proceso»: si no tienes dinero para un abogado y el gobierno te quita al defensor comunitario, la salida del país es casi segura.
¿Y tú qué onnda? ¿Crees que es justo que se elimine el apoyo legal a quienes no pueden pagarlo o consideras que cada quien debe costear su propia defensa sin ayuda del estado?
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