Una nueva propuesta legislativa en el Congreso podría abrir la puerta a la legalización de miles de trabajadores de la construcción indocumentados en Estados Unidos, reconociendo su papel clave en el desarrollo económico del país.
Esta medida llega en un momento en el que la escasez de mano de obra calificada amenaza con frenar ambiciosos proyectos de infraestructura, incluyendo los relacionados con la expansión de parques científicos y tecnológicos.
¿De qué trata la propuesta?
Aunque oficialmente presentada bajo el nombre Building a Stronger America Act, la legislación no menciona directamente un camino a la ciudadanía.
Sin embargo, varios legisladores han sugerido enmiendas que incluirían protecciones migratorias y oportunidades de legalización para trabajadores de la construcción, especialmente aquellos que han participado en proyectos federales o estatales de gran escala.
El proyecto, impulsado por el Departamento de Comercio, busca financiar estudios de viabilidad y planes para construir o modernizar “parques científicos” en todo el país.
Estos parques serían centros de innovación tecnológica y empresarial, localizados estratégicamente para promover el desarrollo económico regional.
Inmigrantes en el centro de la reconstrucción
El sindicato de trabajadores de la construcción y grupos proinmigrantes han celebrado esta iniciativa como una oportunidad histórica.
“La mayoría de quienes levantan estos edificios, carreteras y centros de ciencia son inmigrantes. Ya es hora de que se les reconozca legalmente”, declaró Jaime Rodríguez, vocero de la Coalición por los Derechos Laborales en Texas.
Aunque la ley se enfoca principalmente en el financiamiento y la expansión de infraestructura tecnológica, también incluye criterios clave como el uso de tecnologías eficientes, la revitalización de zonas industriales abandonadas y la colaboración internacional con otros parques científicos.
¿Qué beneficios tendría para los trabajadores?
Si se aprueban las enmiendas migratorias, los beneficios serían significativos:
Acceso a permisos de trabajo legales y renovables.
Protección contra deportaciones para quienes colaboren en proyectos elegibles.
Vía acelerada a la residencia legal para trabajadores con experiencia comprobada.
A cambio, las empresas y contratistas participantes deberán cumplir con estrictos requisitos laborales, de sostenibilidad ambiental y transparencia financiera.
¿Qué sigue?
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La propuesta de ley será debatida en las próximas semanas, y grupos defensores de migrantes están haciendo presión para que la legalización sea parte integral del proyecto.
Mientras tanto, el Departamento de Comercio ya prepara una serie de convocatorias abiertas para distribuir los primeros fondos, con un límite de hasta $750,000 por estudio o plan de construcción.
