El Departamento de Agricultura (USDA) instruyó a los estados a realizar únicamente pagos parciales del programa de asistencia alimentaria SNAP correspondientes a noviembre. La medida llega tras una semana de confusión judicial y decisiones contradictorias que mantienen en vilo a millones de familias que dependen de estos fondos.
El nuevo mandato representa un giro respecto a la comunicación inicial del USDA. La agencia había señalado que enviaría los beneficios completos, pero tras la intervención de la Corte Suprema, dio marcha atrás y ordenó aplicar una reducción del 35% en los pagos.
La Corte Suprema da una pausa temporal
El gobierno federal apeló una orden de un juez de Rhode Island que exigía cubrir el 100% de los beneficios del programa.
Sin embargo, la Corte Suprema, a través de la jueza Ketanji Brown Jackson, otorgó un “stay” administrativo que mantiene la limitación de fondos mientras el tribunal de apelaciones decide el caso.
Esa resolución puede conocerse en cualquier momento.
En un documento oficial, el USDA indicó que los estados no deben transferir los pagos completos hasta recibir nuevas instrucciones.
“Los gobiernos estatales deben procesar únicamente depósitos parciales, reflejando una reducción del 35% en las asignaciones máximas”, puntualizó la guía.
Esto significa que los hogares beneficiarios recibirán menos dinero este mes, hasta que el tribunal de apelaciones emita una decisión final.
La incertidumbre ha generado preocupación tanto en las autoridades estatales como entre millones de personas que dependen del programa para su alimentación diaria.
Estados que ya habían enviado fondos completos
Durante el fin de semana anterior, varios estados habían iniciado el proceso de enviar los beneficios completos, basándose en una comunicación previa del USDA.
Entre ellos se encuentran Hawaii, California, Oregon, Wisconsin, Arizona, Colorado, Kansas y Massachusetts.
Sin embargo, la nueva instrucción federal obliga a revertir esos pasos.
El desafío ahora radica en cómo los gobiernos estatales podrán corregir los pagos ya procesados, considerando que muchos depósitos automáticos se realizan con varios días de antelación.
El Departamento de Justicia advirtió que “los estados son responsables por las consecuencias de sus acciones”.
En otras palabras, si algún gobierno estatal distribuyó más fondos de los permitidos, deberá enfrentar las implicaciones legales o presupuestarias de esa decisión.
Un dilema de fondos y decisiones políticas
El problema financiero detrás de esta situación radica en el presupuesto disponible del programa SNAP.
El USDA informó que únicamente cuenta con 4,650 millones de dólares en su fondo de contingencia, cifra que cubre aproximadamente el 65% de las ayudas mensuales.
Aun así, el juez de Rhode Island había ordenado usar cerca de 4,000 millones adicionales de otros programas de nutrición, algo que el gobierno de Trump ha rechazado.
La administración argumenta que utilizar esos recursos comprometería otras iniciativas alimentarias federales y ha decidido esperar el resultado judicial antes de liberar más dinero.
En consecuencia, los estados deberán ajustarse a los recursos actuales hasta nuevo aviso.
Impacto directo en millones de familias
El programa SNAP asiste a cerca de 41.7 millones de personas en todo el país, el equivalente a una de cada ocho.
Los beneficiarios reciben tarjetas prepagadas que se utilizan para comprar alimentos básicos, con un promedio mensual de 187 dólares por hogar.
La reducción parcial puede afectar de manera inmediata la capacidad de muchas familias de cubrir sus necesidades básicas.
Expertos en seguridad alimentaria advierten que el impacto del recorte será severo para poblaciones vulnerables.
Diane Schanzenbach, economista y profesora en Georgetown University, explicó que “muchas familias viven al día, y los retrasos o recortes en los niveles de SNAP podrían llevar al hambre en algunos casos”.
Craig Gundersen, investigador en Baylor University, señaló que las personas con discapacidades y quienes viven solos enfrentarán mayores dificultades.
“Cuando ocurren interrupciones de este tipo, el golpe es especialmente duro para quienes no tienen redes de apoyo”, afirmó el académico.
Por su parte, Lindsey Haynes-Maslow, profesora de nutrición en la University of North Carolina, expresó especial preocupación por los niños cuyos hogares aún no han recibido los beneficios completos.
“Sus padres o cuidadores están teniendo que tomar decisiones muy difíciles sobre cómo alimentar a sus familias”, dijo durante un foro reciente sobre seguridad alimentaria.
Un panorama incierto para las próximas semanas
Las demoras judiciales y los cambios administrativos han creado una tormenta de incertidumbre sobre el futuro del programa.
Por ahora, los beneficiarios deberán conformarse con depósitos parciales, mientras el gobierno federal y los tribunales definen si el recorte continuará o si los pagos volverán a su nivel habitual.
Los analistas advierten que, si la Corte de Apelaciones falla en contra del gobierno, el USDA se verá obligado a liberar fondos adicionales de manera inmediata.
De lo contrario, los recortes podrían extenderse hasta diciembre, afectando el cierre de año para millones de familias que dependen de SNAP para llevar comida a su mesa.
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Este artículo fue publicado originalmente en Nueva News.
