El actor Pablo Lyle López, actualmente cumpliendo una condena por homicidio involuntario en Miami, enfrenta una demanda civil que podría exigirle hasta 5 millones de dólares (más de 90 millones de pesos mexicanos) por daños, pero podría quedar absuelto vía un tecnicismo legal.
La demanda fue interpuesta en 2024 por el hijo de Juan Ricardo Hernández, el hombre que falleció en 2019 tras un altercado vial en Miami en el que Lyle lo golpeó y provocó un traumatismo craneoencefálico fatal.
Origen y alcance de la demanda contra Pablo Lyle

El reclamo busca cubrir gastos funerarios, atención psicológica y pérdida de ingresos para la viuda. La compensación solicitada se ubica entre 1 y 5 millones de dólares.
Aunque no implica cargos penales adicionales, el proceso civil puede representar un impacto económico significativo y se lleva de manera paralela al cumplimiento de su sentencia.
La audiencia clave y el tecnicismo legal

La primera audiencia estaba programada para junio de 2025, pero fue pospuesta debido a que Lyle no contaba con representación legal. Después, el abogado de la familia demandante también renunció, generando otro retraso.
La nueva fecha establecida fue el 31 de julio.
Actualmente, existe un lapso legal —aproximadamente 20 días tras el 31 de julio— para que la demanda sea reactivada.
De no hacerlo, el caso podría ser desestimado automáticamente, lo que liberaría a Lyle de la obligación de pagar cualquier indemnización.
Expertos legales señalan que, incluso si se reanuda el proceso, la corte evaluará si los daños alegados son comprobables y si el actor tiene capacidad financiera para responder a la suma exigida.
Estado actual del actor y su horizonte legal

Pablo Lyle tiene 38 años, nació en Mazatlán, Sinaloa, y en febrero de 2023 fue sentenciado a 5 años de prisión, ocho años de libertad condicional, y 500 horas de servicio comunitario por homicidio involuntario en Miami.
Se encuentra recluido en la Everglades Correctional Institution.
Se prevé que podría ser elegible para libertad anticipada en diciembre de 2026, si cumple con el 85 % de su condena y mantiene buen comportamiento.
Pablo Lyle saldría de la cárcel en un año y medio y la intención del actor es volver a trabajar en proyectos de televisión y cine para pagar sus deudas
¿Latinos lo apoyan o no?
Este caso es relevante para latinos en EE. UU. por dos razones principales:
Muestra cómo una figura pública puede enfrentar consecuencias civiles y penales distintas, incluso mucho tiempo después de los hechos.
Ilustra cómo factores procesales, como la falta de abogados o plazos legales estrictos, pueden cambiar el curso de una demanda millonaria.
Para residentes hispanos que viven entre dos sistemas legales (Estados Unidos y México), este caso subraya la importancia de comprender las diferencias entre el sistema penal y el civil, y cómo procesos legales complejos pueden afectar la libertad y patrimonio de una persona.
La demanda civil contra Pablo Lyle por daños y perjuicios está en cuarentena legal: si no se reactiva en un plazo breve (menos de tres semanas tras el 31 de julio), podría ser desestimada automáticamente.
En ese escenario, Lyle quedaría libre de pagar una cifra millonaria, aunque seguirá cumpliendo su condena penal. El desenlace de este proceso marcará un capítulo clave en su situación judicial y económica.
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