El Tribunal Supremo de Estados Unidos autorizó este lunes 23 de junio al Gobierno del presidente Donald Trump a reanudar las deportaciones de inmigrantes a terceros países —como Sudán del Sur y El Salvador—, en una decisión que representa un nuevo impulso a su política de deportaciones masivas.
Con esta decisión, el máximo tribunal suspendió una orden previa de un juez federal que había frenado la deportación de un grupo de ocho inmigrantes, quienes corrían riesgo de ser enviados a países donde podrían ser torturados o sufrir persecución.
Decisión clave para la política migratoria
El fallo, emitido en una orden breve y no firmada, revoca temporalmente la resolución del juez federal Brian Murphy, de Massachusetts, quien había determinado que la Administración Trump estaba violando la ley al intentar deportar a estos migrantes sin garantizarles un proceso legal adecuado.
Según la legislación estadounidense, no es legal deportar a una persona a un tercer país si existe el riesgo de que sea sometida a tortura, tratos inhumanos o degradantes.
El caso de los ocho migrantes retenidos
Los ocho inmigrantes afectados en este caso incluyen ciudadanos de Sudán del Sur, Cuba, México, Laos, Birmania y Vietnam.
Solo uno de ellos es originario de Sudán del Sur, un país que el propio Departamento de Estado considera peligroso debido al conflicto armado, y donde ha recomendado a los estadounidenses no viajar.
Además, en mayo, el Gobierno estadounidense evacuó a su personal diplomático no esencial de ese país.
Debido a la orden del juez Murphy, los ocho migrantes y 11 agentes de ICE quedaron retenidos en una base aérea en Yibuti, en condiciones “deplorables” según los propios abogados del Gobierno, y expuestos al peligro por la cercanía de las hostilidades en Yemen.
El Gobierno de Trump alegó ante el Supremo que los migrantes afectados habían cometido crímenes graves, en algunos casos “monstruosos”, y que sus países de origen se negaban a recibirlos.
Acuerdos con terceros países
En su intento por acelerar las deportaciones, la Casa Blanca está negociando acuerdos con varios países para que acepten migrantes expulsados de EEUU.
Uno de esos acuerdos, alcanzado con el presidente salvadoreño Nayib Bukele, contempla la recepción de más de 200 migrantes en una megacárcel en El Salvador, a cambio de un pago de 6 millones de dólares.
El acuerdo no ha sido publicado oficialmente.
Muchos de los migrantes enviados a El Salvador permanecen incomunicados, sin contacto con abogados ni familiares.
Un nuevo pulso con el poder judicial
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Este caso es solo el más reciente de varios enfrentamientos entre la administración Trump y los tribunales federales por la aplicación de su política de “deportaciones masivas”, una de las promesas más reiteradas del presidente durante su actual mandato.
El fallo del Supremo, reportado por medios como USA Today, podría allanar el camino para que el Gobierno siga enviando a migrantes a terceros países, incluso a naciones con altos niveles de violencia o inseguridad.
Para la comunidad hispana en EEUU, este tipo de medidas subraya la importancia de estar informados sobre sus derechos legales y contar con asesoría adecuada en procesos migratorios.
Según la legislación estadounidense, no es legal deportar a una persona a un tercer país si existe el riesgo de que sea sometida a tortura, tratos inhumanos o degradantes
