El gobierno del presidente Donald Trump solicitó formalmente el uso de la Naval Station Great Lakes, situada al norte de Chicago, para apoyar operaciones migratorias del Departamento de Seguridad Nacional (DHS).
El plan contempla que la base sirva como punto logístico para agentes de ICE (Inmigración y Control de Aduanas) y posiblemente para la Guardia Nacional, con el objetivo de realizar redadas en la ciudad y áreas circundantes. La propuesta se enmarca en la estrategia de Trump de intensificar la presión sobre ciudades santuario controladas por demócratas, como Chicago, Nueva York, Los Ángeles y Portland.
Rechazo inmediato de autoridades locales
El gobernador de Illinois, J. B. Pritzker, y el alcalde de Chicago, Brandon Johnson, rechazaron de inmediato el plan de Trump, subrayando que se trata de una medida innecesaria y peligrosa.
Según ambos, Chicago ha registrado una baja en delitos violentos en 2025, por lo que no hay justificación para militarizar la ciudad.
Por su parte, la senadora Tammy Duckworth y el senador Dick Durbin denunciaron la medida como un paso “autoritario” e “inconstitucional” que amenaza con socavar derechos civiles básicos.
Para ellos, Trump está utilizando la narrativa de la inseguridad como excusa para justificar políticas migratorias más duras.
Argumentos de la administración Trump
Trump ha defendido públicamente la propuesta señalando que Chicago sigue liderando cifras de homicidios a nivel nacional, con 573 muertes en 2024, aunque el país en su conjunto ha experimentado una disminución del 22 % en crímenes violentos en 2025.
Chicago ha registrado una baja en delitos violentos en 2025
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De acuerdo con la Casa Blanca, la presencia de agentes en la base facilitaría operaciones rápidas en la ciudad.
Permitiendo “restaurar el orden” en zonas donde —según su visión— los gobiernos locales han fallado en cooperar con las autoridades federales.
Legalidad bajo la lupa
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Posibles violaciones constitucionales
Expertos legales advierten que esta medida podría violar el Posse Comitatus Act.
Una ley que prohíbe el uso de fuerzas armadas en tareas de orden interno sin autorización especial del Congreso.
Solo mediante la Ley de Insurrección podría el presidente, en este caso Trump, justificar legalmente la movilización militar.
Sin embargo, ello abriría un escenario de fuerte confrontación política y judicial.
Fallos judiciales previos
En otros estados, jueces federales ya han frenado tácticas consideradas abusivas, como arrestos indiscriminados basados en la apariencia o el idioma.
Por ello, analistas anticipan que esta estrategia podría enfrentar impugnaciones inmediatas en tribunales federales.
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