En una entrevista con la cadena NBC transmitida este domingo en Meet the Press, el presidente Donald Trump defendió su política de deportaciones aceleradas, minimizando la importancia del debido proceso legal y afirmando que su prioridad es sacar del país a quienes considera una amenaza para la seguridad de Estados Unidos.
Desde su residencia de Mar-a-Lago, Trump respondió a las críticas sobre violaciones constitucionales que señalan que muchos inmigrantes están siendo expulsados sin acceso a tribunales o representación legal. Su respuesta fue directa: “No estoy involucrado en la legalidad o ilegalidad de eso. Tengo abogados para eso”, en referencia a su fiscal general, Pam Bondi, al frente del Departamento de Justicia.
¿Qué pasa con el debido proceso?
El tema surgió luego de que el secretario de Estado, Marco Rubio, dijera días antes en el mismo programa que “toda persona en Estados Unidos tiene derecho al debido proceso, incluso si es indocumentada”.
Al ser cuestionado sobre esa declaración, Trump no negó el principio, pero sostuvo que aplicar ese estándar universalmente entorpecería su meta de acelerar deportaciones.
“Tendríamos que hacer millones de juicios… No podemos hacerlo así. Me eligieron para sacar del país a algunos de los individuos más peligrosos del mundo”, afirmó el presidente.
La política de deportaciones aceleradas
Desde su retorno a la presidencia en enero de 2025, Trump ha reinstaurado una política de deportaciones exprés que, según expertos legales, evita audiencias migratorias básicas en miles de casos.
Esta política se justifica en parte bajo la reactivación de la Ley de Enemigos Extranjeros de 1798, para expulsar rápidamente a supuestos pandilleros extranjeros, en especial a presuntos miembros del grupo Tren de Aragua.
En paralelo, sigue vigente una orden ejecutiva de emergencia en la frontera sur, decretada el 21 de enero, que permite a agentes fronterizos deportar de forma sumaria a personas sin documentos, sin revisión judicial previa. Trump insistió:
No levantaré esa emergencia. Tenemos miles que queremos sacar, y algunos jueces quieren que todos vayan a juicio. No puede ser
Donald Trump
Caso emblemático: Kilmar Ábrego García
Uno de los casos que ha generado controversia es el del ciudadano panameño Kilmar Ábrego García, deportado a una prisión de máxima seguridad en El Salvador, pese a que un tribunal estadounidense ordenó su regreso.
Su caso ilustra el conflicto entre las órdenes judiciales y las acciones ejecutivas, lo que ha generado críticas entre juristas y defensores de derechos humanos.
Aranceles, recesión y “austeridad personal”
En la misma entrevista, Trump defendió su política arancelaria —que ha generado tensiones con socios comerciales y turbulencias en Wall Street— diciendo que se trata de una “transición hacia una economía fuerte”.
Ante el temor de una recesión de corto plazo, sugirió que los estadounidenses adopten una vida más austera:
“No necesitas tener 30 muñecas. Puedes tener tres. No necesitas 250 lápices. Con cinco basta”.
¿Qué significa esto para la comunidad hispana?
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Para millones de hispanos en EEUU, especialmente quienes tienen familiares indocumentados, estas políticas suponen mayores riesgos de detención y deportación sin audiencia previa.
La eliminación del debido proceso plantea desafíos legales, emocionales y familiares profundos.
Defensores recomiendan contar con planes de emergencia migratoria, tener a la mano documentos esenciales y consultar con abogados especializados ante cualquier interacción con ICE o CBP.
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